El gremio Transporte Unido ha lanzado una advertencia de un paro de 48 horas que podría paralizar el transporte público en Lima y Callao, justo antes de las festividades navideñas. Esta medida se implementará si el gobierno interino de José Jerí no presenta un plan efectivo contra la extorsión y los ataques armados. El comunicado, emitido el 5 de diciembre, establece un plazo de 7 días hábiles que finaliza el 16 de diciembre para que el gobierno responda a sus demandas. Esta decisión surge tras un aumento alarmante de ataques que han afectado a conductores y usuarios. Según el comunicado, las empresas de transporte en los conos norte, sur, este y oeste de la capital han sido blanco de ataques sistemáticos. Recientemente, un conductor de la empresa ‘La 20’ fue asesinado en Chorrillos. Los representantes del gremio expresaron su "profundo malestar e indignación" por la ineficacia del Estado en enfrentar la violencia y las extorsiones. Martín Ojeda, dirigente del sector, advirtió que la situación ha llevado a un estado de "agobio permanente" en el sector. "Estamos en un estado de guerra", afirmó, señalando que la violencia no ha disminuido a pesar de las declaraciones de estado de emergencia del gobierno. El posible paro está programado entre el 17 y el 19 de diciembre, lo que podría afectar a millones de personas que dependen del transporte público. Se estima que la paralización impactaría cerca de 14 millones de viajes diarios, incluyendo desplazamientos laborales, citas médicas y clases. La inseguridad ha llevado a que 5.000 buses de transporte público dejen de operar en la capital, lo que ha incrementado el uso de transporte informal. Ojeda también mencionó que la falta de conductores, debido al miedo a los ataques, ha agravado la situación. Entre las demandas del gremio se incluye un aumento inmediato del presupuesto para mejorar la tecnología y el personal especializado en la investigación de organizaciones criminales. También piden fortalecer la Unidad Operativa contra la Extorsión y la implementación de protocolos para proteger las denuncias. El gremio ha solicitado cambios en las leyes 31990 y 32181, que consideran obstaculizan la lucha contra la criminalidad. Además, piden mayor supervisión en la venta de chips telefónicos, que se utilizan para coordinar amenazas y extorsiones. Ojeda ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la República y acceso rápido al secreto bancario para investigar cuentas relacionadas con extorsiones. Aunque algunos miembros del gobierno han mostrado disposición al diálogo, Ojeda enfatizó que "el tiempo pasa y la situación se agudiza". La problemática de la inseguridad ha llevado a un aumento en los incendios de buses y amenazas constantes, lo que presiona a las autoridades a actuar. En la última quincena, más de 25 buses de al menos cinco empresas fueron incendiados, a menudo tras recibir amenazas. La decisión de llevar a cabo el paro no es unánime en el sector. Algunos consideran que es una medida "irreversible" ante la violencia persistente, mientras que otros abogan por mantener el diálogo con el gobierno.