El gobierno de Estados Unidos ha responsabilizado al régimen de Nicolás Maduro por la muerte del exgobernador opositor Alfredo Díaz, quien falleció mientras estaba detenido en El Helicoide. Este hecho ha generado un fuerte rechazo internacional y ha renovado las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Díaz, que llevaba más de un año en prisión bajo un régimen de aislamiento extremo, fue descrito por el Departamento de Estado como una víctima de un "régimen criminal". En un comunicado, se calificó a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como un "centro de tortura". El partido opositor Voluntad Popular informó que Díaz murió de un "infarto fulminante" y exigió una investigación internacional sobre las circunstancias de su fallecimiento. Su esposa, Leynys Malavé, expresó su indignación y demandó respuestas: "¡Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia. ¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?". La situación de Díaz había sido previamente denunciada por Amnistía Internacional, que lo consideró víctima de una "detención arbitraria" y de desaparición forzada durante los primeros días de su arresto. Este caso pone de relieve la crítica situación de los presos políticos en Venezuela, donde se han documentado numerosos casos de tortura y falta de garantías judiciales. La oposición venezolana, liderada por figuras como Leopoldo López, ha responsabilizado directamente al gobierno de Maduro por la muerte de Díaz, señalando que su fallecimiento es una consecuencia de un sistema que "persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder". La presión internacional sobre el régimen de Maduro se intensifica, con llamados a la liberación de los presos políticos y a la investigación de las violaciones a los derechos humanos en el país. La comunidad global observa con atención la situación en Venezuela, donde la represión política sigue siendo un tema candente.