B ACALAR, MX.- E l Gobierno Federal informó al gobierno municipal de Bacalar, que preside José Alfredo Contreras Méndez, que ya está listo el convenio para la “formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local participativo (Poel).

El objetivo es establecer las bases para la instrumentación del Poel en Bacalar, que suscriben por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental, la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico (Insus) y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Cnanp).

En el convenio, el Gobierno del Estado estuvo representado por Óscar Alberto Rébora Aguilera, secretario de Ecología y Medio Ambiente (Sema); y el municipio de Bacalar, por José Alfredo Contreras Méndez, quien fue asistido por Guillermo Arturo Tun Ruiz, secretario general del Ayuntamiento.

Tanto el gobierno Federal como el Gobierno Municipal, declaran que “es su voluntad suscribir el convenio, a fin de establecer las bases, los mecanismos y los compromisos de cada una de ellas para la evaluación, modificación, actualización, expedición y ejecución, seguimiento del Programa, que abarcará la totalidad de su territorio y será el instrumento rector para orientar de manera sustentable el uso del suelo, los asentamientos humanos, las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales dentro del territorio municipal”.

Dicho POEL llega en un momento donde la contaminación de la Laguna de los Siete Colores de Bacalar alcanzó niveles alarmantes, así como la devastación que sufre la selva baja por parte del grupo de los Menonitas, además de la conservación de las áreas naturales protegidas en la geografía municipal.

El propósito es integrar de manera coordinada y conjunta el modelo que sustente al Programa, las unidades de gestión ambiental (Ugas), usos del suelo, lineamientos ecológicos, criterios de regulación ecológica, y las estrategias ecológicas aplicables al mismo; de conformidad con lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), su Reglamento en Materia de Ordenamiento Ecológico y las demás disposiciones aplicables; asimismo, instrumentar una Bitácora Ambiental que permita llevar a cabo la evaluación permanente y sistemática del Proceso de Ordenamiento Ecológico, materia del Convenio, misma que sólo podrá integrar la información que “las partes” hayan definido como pública de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y conducir sus acciones, en el marco de sus facultades y atribuciones, considerando las disposiciones y estrategias derivadas a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa.

Por último, para poder llevar a cabo este programa, las partes participantes deberán formar un comité, el que debe contar con mecanismos de representación social, sectorial e institucional relacionados con los usos de suelo que son regulados por los instrumentos previstos por ley en el ámbito de asentamientos humanos y ecológico, así como con un reglamento que asegure la participación plural y constante.

Asimismo, debe integrarse por representantes de los tres órdenes de gobierno y la participación representativa, inclusiva y efectiva de los actores, organizaciones, comunidades indígenas, agrarias y demás sectores sociales, privado y académico con intereses legítimos de carácter social, cultural, económico o ambiental en el territorio, quienes serán miembros permanentes de esta instancia de planeación, de igual forma se podrán considerar miembros invitados. Asimismo, se promoverá y priorizará la integración y participación de las mujeres, de las personas jóvenes, afrodescendientes de lugar y la inclusión de grupos vulnerables. (Agencia SIM)