Aunque la Constitución reconoce al agua como bien nacional y derecho humano, es un hecho que México se encuentra bajo tensión hídrica. Durante décadas se permitió que unos cuantos dominaran su explotación, comercialización e incluso su distribución como si se tratara de un patrimonio privado. Por ello, la discusión sobre una nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ante la urgencia de corregir un sistema que dejó que la excepción se volviera regla y la discrecionalidad, norma.

La necesidad de una nueva ley responde a la realidad que vive el país, con un marco permisivo ante abusos, acumulación de concesiones, sobreexplotación de acuíferos y prácticas de mercado disfrazadas de derechos adquiridos. No solo enfrentamos la escasez de agua, sino la escasez de contr

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