Estela Ambriz Delgado
La iniciativa en materia hídrica aprobada el 4 de diciembre en el Congreso de la Unión, aún favorece el mercantilismo hídrico en el país y pareciera ser una normativa para aparentar que cambie la situación en torno al agua, sin que realmente hacerlo, de acuerdo con las observaciones del secretario del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Edgar Piña Hernández.
Luego de hacer una revisión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas (LGA) y se reforma la Ley de Aguas Nacionales (LAN), detectó simulación de sanciones, margen para la discrecionalidad en la extracción y compra venta de agua; falta de mecanismos para sancionar y revertir contaminación, ausencia de democratización de los Consejos Técnicos de Cuenca, y mayor centralización del

Antena San Luis

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