El 4 de diciembre de 2025, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley General de Aguas, que reemplaza el marco normativo que regía desde 1992. Esta ley pretende redefinir el uso, concesión y gestión del agua en todo el país, bajo una visión que declara al agua como un “bien estratégico” y un “derecho humano”, priorizando su uso doméstico, ambiental y para conservación.

Entre los cambios más significativos están:

El Estado (a través de Comisión Nacional del Agua, CONAGUA) recupera un control amplio y centralizado sobre las concesiones de agua; pero también se prohíbe la transferencia, venta, herencia o cesión, de derechos de agua entre particulares. Las concesiones deberán regresar al Estado para su reasignación cuando se transfieran tierras o cambien de propietario.

Las concesiones que

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