Aun­que la Cons­ti­tu­ción reco­noce al agua como bien nacio­nal y dere­cho humano, es un hecho que México se encuen­tra bajo ten­sión hídrica. Durante déca­das se per­mi­tió que unos cuan­tos domi­na­ran su explo­ta­ción, comer­cia­li­za­ción e incluso su dis­tri­bu­ción como si se tra­tara de un patri­mo­nio pri­vado. Por ello, la dis­cu­sión sobre una nueva Ley Gene­ral de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacio­na­les, ante la urgen­cia de corre­gir un sis­tema que dejó que la excep­ción se vol­viera regla y la dis­cre­cio­na­li­dad, norma.

La nece­si­dad de una nueva ley res­ponde a la rea­li­dad que vive el país, con un marco per­mi­sivo ante abu­sos, acu­mu­la­ción de con­ce­sio­nes, sobreex­plo­ta­ción de acuí­fe­ros y prác­ti­cas de mer­cado dis­fra­za­das de dere­chos adqui­r

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