WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump señaló el miércoles que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El uso de fuerzas estadounidenses para incautar un buque mercante es increíblemente inusual y marca el más reciente esfuerzo de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Washington ha acumulado su mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental. La campaña enfrenta un creciente escrutinio por parte del Congreso estadounidense.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y luego agregó que “fue incautado por una muy buena razón”.

Trump no ofreció detalles adicionales. Cuando se le preguntó qué sucedería con el petróleo a bordo del buque, Trump dijo: “Bueno, nos lo quedamos, supongo”.

La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El funcionario añadió que el decomiso se llevó a cabo bajo la autoridad de las leyes federales de Estados Unidos.

Miembros de la Guardia Costera fueron llevados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford hasta el barco en helicóptero, destacó el funcionario. El portaaviones navega en el Caribe después de llegar a la región el mes pasado en una gran demostración de fuerza, uniéndose a una flota de otros buques de guerra.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó un video en internet en el que se puede ver a personas mientras descienden rápidamente desde uno de los helicópteros involucrados en la operación mientras se mantiene a pocos metros de la cubierta.

En tomas posteriores se puede ver a miembros de la Guardia Costera por la superestructura del barco con sus armas desenfundadas.

Bondi escribió que “durante varios años, el buque petrolero ha sido objeto de sanciones de Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

El gobierno de Venezuela señaló en un comunicado que el decomiso “constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional”.

“En estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela… Siempre se trato de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, indicó el comunicado.

El funcionario estadounidense identificó al petrolero incautado como el Skipper.

El barco partió de Venezuela alrededor del 2 de diciembre con unos 2 millones de barriles de crudo pesado, de los cuales aproximadamente la mitad pertenecía a un importador estatal de petróleo cubano, según documentos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que fueron proporcionados bajo condición de anonimato porque la persona no tenía permiso para compartirlos.

El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos. El Adisa fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por acusaciones de pertenecer a una sofisticada red de petroleros fantasma que contrabandeaban crudo en nombre de la Guardia Revolucionaria de Irán y el grupo político-paramilitar libanés, Hezbollah.

La red supuestamente era dirigida por un comerciante de petróleo ucraniano con sede en Suiza, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en ese momento.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce alrededor de 1 millón de barriles al día.

PDVSA es la columna vertebral de la economía del país. Su dependencia de intermediarios aumentó en 2020, cuando la primera administración de Trump expandió su campaña de máxima presión sobre Venezuela con sanciones que amenazan con excluir de la economía estadounidense a cualquier individuo o empresa que haga negocios con el gobierno de Maduro. Aliados de larga data como Rusia e Irán, ambos también sancionados, han ayudado a Venezuela a eludir las restricciones.

Las transacciones generalmente involucran una red compleja de intermediarios secretos. Muchas son empresas fantasma, registradas en jurisdicciones conocidas por su clandestinidad. Los compradores despliegan petroleros fantasma que ocultan su ubicación y transfieren sus valiosos cargamentos en medio del océano antes de llegar a su destino final.

Maduro no habló de la incautación durante un discurso ante una manifestación organizada por el partido gobernante en Caracas. Pero dijo a los seguidores que el país está preparado “para romperle los dientes al imperio norteamericano si fuera necesario”.

Flanqueado por altos funcionarios, el mandatario venezolano señaló que son “los únicos que garantizamos la paz y la estabilidad y el desarrollo armónico de Venezuela, Suramérica y el Caribe”.

Maduro asegura que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el cargo.

El senador demócrata Chris Van Hollen, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la incautación pone en duda las razones que el gobierno ha declarado para incrementar su presencia militar y lanzar ataques contra embarcaciones en la región.

“Esto muestra que toda su historia de portada —que se trata de interceptar drogas— es una gran mentira”, subrayó el senador. “Esto es solamente una prueba más de que realmente se trata de un cambio de régimen —por la fuerza”.

La incautación se produce un día después de que el ejército estadounidense desplegó un par de aviones de combate sobre el Golfo de Venezuela en lo que parecía ser lo más cercano que aeronaves militares habían llegado al espacio aéreo del país sudamericano. Trump ha dicho que pronto habrá ataques terrestres, pero no ha ofrecido detalles.

La Casa Blanca enfrenta un creciente escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses sobre la campaña de ataques a embarcaciones, la cual ha matado a por lo menos 87 personas en 22 operativos conocidos desde principios de septiembre, incluido un ataque de seguimiento que mató a dos sobrevivientes aferrados a los restos de una lancha después del primer impacto.

Algunos expertos legales y demócratas dicen que esa acción pudo haber violado las leyes que rigen el uso de la fuerza militar letal.

Los legisladores en Estados Unidos exigen ver los videos sin editar de los ataques, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los líderes del Congreso el martes que aún estaba evaluando su divulgación.

La Guardia Costera de Estados Unidos remitió una solicitud de comentarios a la Casa Blanca.

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Goodman informó desde Miami y García Cano desde Caracas. Lisa Mascaro y Alanna Durkin Richer, en Washington, y Susan Haigh en Hartford, Connecticut, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.