El proyecto fue radicado por congresistas de la Comisión Séptima y liderado por la senadora Nadya Georgette Blel Scaff, y plantea un marco normativo que obliga a las entidades nacionales y territoriales a trabajar de manera articulada para atender estos eventos de salud pública.
La ley crea una hoja de ruta para mejorar diagnóstico oportuno, acceso a tratamientos antirretrovirales y antivirales, fortalecimiento de programas de prevención y actualización permanente de guías clínicas.
La iniciativa también incluye medidas para reducir el estigma y la discriminación, ampliar la disponibilidad de herramientas como PrEP, PEP, pruebas rápidas y autotest, y reforzar la atención para poblaciones vulnerables como migrantes, población trans, trabajadores sexuales, habitantes de calle y comun

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