La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por primera vez de manera conjunta a 34 militares, exguerrilleros y civiles en un caso que revela la magnitud de los crímenes cometidos durante el conflicto armado en las regiones de Urabá, Bajo Atrato y Darién entre 1986 y 2002.

La decisión surgió tras la investigación de las operaciones Génesis y Cacarica, ejecutadas en coordinación entre fuerzas del Ejército Nacional, grupos paramilitares y exintegrantes del Fondo Ganadero de Córdoba, dejando al menos 54.672 víctimas, según la JEP.

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El proceso, documentado en más de 1.500 páginas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, describió patrones de violencia sistemática que incluyeron homicidios, des

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