El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) volverá a ser uno de los temas más candentes de la agenda económica y social en 2026. Esta semana, el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo ha planteado dos escenarios para su actualización el próximo año, con subidas que oscilan entre el 3,1 % y el 4,7 % , dependiendo de si el SMI mantiene su exención fiscal o comienza a tributar como renta del trabajo. Esta propuesta, respaldada por el Ministerio que dirige Yolanda Díaz , vuelve a abrir el debate sobre el equilibrio entre justicia salarial y sostenibilidad económica , en un contexto marcado por inflación persistente, pérdida de poder adquisitivo y desacuerdos con la patronal .

Dos escenarios posibles: 1.221 o 1.240 euros mensuales

Los expertos han trasladado ya al Gobierno y a los agentes sociales dos propuestas concretas :

  • Subida del 3,1 % : llevaría el SMI de los actuales 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas a 1.221 euros . Este escenario mantiene la exención de tributación en el IRPF.

  • Subida del 4,7 % : situaría el SMI en 1.240 euros brutos al mes , pero con tributación por IRPF incluida. En este caso, se busca alinearlo con el compromiso de que el SMI represente al menos el 60 % del salario medio neto , como marca la Carta Social Europea.

Esta horquilla se enmarca en el proceso habitual del comité de expertos, cuya labor consiste en asesorar al Ejecutivo antes de que este negocie —o intente hacerlo— con patronal y sindicatos . No obstante, cabe recordar que la decisión final sobre el SMI es competencia exclusiva del Gobierno , por lo que el diálogo social no tiene carácter vinculante.

Yolanda Díaz: “Se hará justicia con el salario mínimo”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo , Yolanda Díaz, ha defendido firmemente la propuesta de subida, asegurando que el salario mínimo debe reflejar el esfuerzo redistributivo del Estado y compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación acumulada desde 2020. Díaz ha afirmado que “se ha hecho justicia con el SMI en los últimos años” , y ha insistido en que alcanzar el 60 % del salario medio es un compromiso político y social con los trabajadores más vulnerables.

Durante los últimos ejercicios, el SMI ha experimentado una subida acumulada del 61 % desde 2018 , cuando se situaba en 735,9 euros. Con las actuales propuestas, 2026 sería el octavo año consecutivo con aumentos en el salario mínimo, consolidando esta herramienta como uno de los emblemas de la política laboral del Ejecutivo de coalición .

Un contexto económico desfavorable: inflación y pérdida de poder adquisitivo

A pesar del discurso optimista del Gobierno, la realidad económica de millones de trabajadores sigue viéndose deteriorada . Aunque el SMI ha subido de manera significativa, el salario real (ajustado a la inflación) ha caído más de un 6,5 % desde 2020 , según el Banco de España. La inflación acumulada en ese mismo período supera el 17 %, erosionando el poder adquisitivo incluso en los sectores que se han beneficiado del aumento nominal de ingresos.

El encarecimiento de productos básicos como la vivienda, los alimentos y la energía , unido a la presión fiscal sobre las rentas del trabajo , ha hecho que muchas familias vean cómo su renta disponible no alcanza para cubrir sus necesidades básicas , incluso con contratos a jornada completa.

CCOO y UGT exigen más: subida del 7,5 % y sin absorción de complementos

Los sindicatos mayoritarios , Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, han considerado insuficientes las propuestas del comité de expertos. Ambos han pedido un aumento del 7,5 % , que elevaría el SMI a 1.273 euros brutos mensuales , y que se garantice que esta subida no pueda ser absorbida por complementos o pluses salariales , algo que ocurre con frecuencia en sectores con convenios desactualizados o poco transparentes.

Además, los sindicatos reclaman que el salario mínimo pase a tributar como cualquier otro ingreso del trabajo , siempre y cuando se asegure que su valor neto (lo que realmente percibe el trabajador) sigue representando el 60 % del salario medio neto. En opinión de CCOO y UGT, este paso serviría para normalizar el SMI dentro del sistema fiscal , evitando su percepción como una medida asistencial o excepcional.

La patronal CEOE y Cepyme, en contra: solo un 1,5 % de subida

Por el lado empresarial, la confederación de empresarios (CEOE) y Cepyme (pequeña y mediana empresa) han propuesto una subida del 1,5 % , que dejaría el SMI en 1.202 euros para 2026. Consideran que el incremento del 61 % acumulado desde 2018 ya ha superado el umbral razonable de proporcionalidad , y alertan de los efectos negativos en la contratación, especialmente en los sectores más frágiles, como agricultura, hostelería, comercio minorista y servicios personales .

Según Cepyme, esta escalada del SMI habría impedido la creación de al menos 350.000 empleos en pequeñas empresas , que no pueden soportar los aumentos de costes sin reducir plantilla, automatizar tareas o cerrar. También critican la presión indirecta sobre los salarios de convenio, que tienen como referencia mínima el SMI .

La patronal insiste en que el incremento debería alinearse con el aumento pactado para los empleados públicos (alrededor del 2 %) , y exige que, si finalmente el Gobierno decide tributar el SMI, también se reduzca la cuña fiscal sobre el empleo , para evitar mayores cargas sobre las empresas.

¿Qué pasará con la tributación del SMI?

Uno de los temas clave en este debate es si el salario mínimo debe empezar a tributar como cualquier otra renta del trabajo . Hacienda ha defendido esta opción desde hace dos años, al considerar que una renta exenta distorsiona el sistema fiscal y reduce la progresividad.

No obstante, el Ministerio de Trabajo logró frenar esta medida en 2025 con una exención temporal . Para 2026, el comité de expertos ha incluido ya en su propuesta una subida mayor si se aplica tributación , lo que sugiere que el cambio es inevitable.

Yolanda Díaz ha señalado que "la justicia fiscal exige también que todos contribuyamos en función de nuestras capacidades" , pero ha dejado claro que el umbral del 60 % del salario medio neto debe mantenerse como referencia innegociable , sea cual sea el escenario fiscal.