La reforma de la Ley 30 de 1992, que busca transformar la financiación de la educación superior pública en Colombia, se encuentra a un paso de ser aprobada en la Cámara de Representantes. El ajuste, de alcanzar sanción presidencial, modificará el modelo de recursos para universidades públicas y abrirá la posibilidad de ampliar cobertura, calidad e inclusión a escala nacional.

La propuesta establece un horizonte de quince años para que el país destine el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación superior pública, una meta que aproxima a Colombia al promedio de aportes de la OCDE, donde actualmente la media se ubica en 1,4%. Hoy, la inversión nacional ronda el 0,54% del PIB, lo que mantiene al país alejado de los estándares de países desarrollados.

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