Más de 30 congresistas firmaron una carta en defensa de 11 jóvenes capturados en Bogotá, a quienes describen como víctimas de criminalización de la protesta social. Sin embargo, pareciera ser que las pruebas en su contra son contundentes.

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Las autoridades policiales y judiciales revelaron un expediente probatorio de gran volumen que vincula a los jóvenes capturados con una estructura organizada dedicada, según la investigación oficial, a actos de terrorismo urbano, vandalismo sistemático e incendios contra infraestructura clave de la capital del país. Además de una seguidilla de ataques predeterminados contra la fuerza pública.

El contraste es marcado. De un lado, senadores y representantes a la Cámara, entre ellos Iván Cepeda, hoy candidato presidencial de la izquierda, pidieron respeto por la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a defenderse en libertad, cuestionando la actuación de la Fiscalía y el uso de agentes encubiertos.

Del otro, la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, presentaron los resultados de más de un año de investigación que derivaron en la captura de los señalados integrantes del movimiento radical ‘PPP’ (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo).

Entre los firmantes de la carta están Robert Daza, Alirio Uribe, Aida Quilcué, Ariel Ávila, Clara López, Imelda Daza, Isabel Zuleta, Jahel Quiroga, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Alfredo Mondragón, Wilson Arias, Carlos Carreño, Carmen Ramírez, Eduard Sarmiento, Erick Velasco, Ermes Pete, Gabriel Becerra, Gabriel Parrado, Gildardo Silva, Heráclito Landínez, Jairo Cala, Jorge Bastidas, Leider Vásquez Leyla Rincón, Luis Albán, Normal Bañol, Pedro Suárez y Susana Gómez.

Pruebas sin contradicción

La investigación incluyó más de 4.000 horas de análisis de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, 18 entrevistas a testigos y víctimas, declaraciones juradas, seguimiento en redes sociales, agentes encubiertos y 13 diligencias de allanamiento en varias localidades de Bogotá.

Todo este material permitió a las autoridades reconstruir el modo de operación, la jerarquía interna y los roles específicos de cada uno de los capturados.

De acuerdo con la Policía, los señalados se infiltraban en universidades públicas utilizando carnés falsos, donde se reunían, se cambiaban de ropa y fabricaban artesanalmente artefactos explosivos como papas bomba y cocteles molotov.

Posteriormente, estos elementos eran utilizados en ataques contra estaciones de TransMilenio, buses del SITP y uniformados, generando afectaciones a la movilidad, daños a la infraestructura y riesgos para la ciudadanía.

Entre los capturados figura alias Salvatore, identificado por las autoridades como presunto cabecilla del grupo, señalado de coordinar y ordenar los ataques y vinculado a, al menos, 10 hechos violentos entre 2024 y 2025, incluidos incendios de buses y daños a estaciones del sistema de transporte.

Otros integrantes cumplían funciones de coordinación logística, adquisición de explosivos, fabricación de artefactos y ejecución directa de los ataques. En uno de los casos, un señalado perdió varios dedos mientras manipulaba un explosivo dentro de un campus universitario, según el reporte oficial.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron material explosivo, pólvora, dispositivos móviles, computadores, prendas utilizadas en los hechos y un arma de letalidad reducida.

A los capturados les fueron imputados delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte de explosivos, perturbación del transporte público y violencia contra servidor público, y un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En contraste, la carta firmada por los congresistas sostiene que los jóvenes han sido objeto de hostigamientos, señalamientos y persecución, y que su actuación se enmarca en el derecho constitucional a la protesta y a la organización social.

El documento cuestiona lo que denomina una “inflación punitiva” y solicita que los capturados puedan enfrentar el proceso en libertad, sin pronunciarse de manera específica sobre las pruebas técnicas, interceptaciones, incautaciones o roles descritos por la Policía.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró que el caso fue construido en coordinación con la Fiscalía y sustentado en evidencia técnica y judicial, y aseguró que continuará adelantando acciones contra los delitos de alto impacto que afectan a la capital.