EL MÁXIMO INTÉRPRETE de la Constitución resolvió que la Fiscalía y el Poder Judicial no podrán dictar medidas que interfieran con la investidura presidencial mientras dure el mandato. El fallo busca garantizar la gobernabilidad y proteger la dignidad del cargo.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y ordenó suspender todas las investigaciones fiscales y judiciales en curso contra la presidenta Dina Boluarte hasta el término de su mandato, el 28 de julio de 2026. La decisión constituye un precedente que también alcanzará a futuros jefes de Estado, reafirmando el criterio de inmunidad establecido en el artículo 117 de la Constitución.

La sentencia, aprobada por mayoría, interpreta que el artículo 117 de la Constitución limita c

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