El expresidente Martín Vizcarra reapareció en el juicio oral que enfrenta por presuntos actos de corrupción relacionados con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Esta audiencia se llevó a cabo desde el penal Ancón II, donde Vizcarra fue trasladado de manera sorpresiva desde el penal Barbadillo, a pesar de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) había determinado que debía permanecer en Barbadillo.

Durante su intervención, Vizcarra expresó su preocupación por un posible nuevo traslado. "Hoy están diciendo que posiblemente me cambien nuevamente de ubicación de donde me encuentro (Ancón II). No sé si dentro del mismo penal o a otro penal. Pero lo raro es que esto se haga ajeno a la clasificación que hizo el propio INPE", afirmó.

El exmandatario denunció que fue trasladado sin previo aviso. "En la última sesión, el viernes por la tarde, estuve presente hasta que terminó, alrededor de las 5 p.m. En ese momento, me encontraba en el penal de Barbadillo. Sin embargo, luego de la audiencia, fui trasladado al penal de Ancón II sin recibir ninguna resolución ni comunicación previa. Simplemente me tomaron, me subieron a un vehículo y me llevaron a este nuevo penal, como si fuera un objeto", exclamó.

La audiencia del juicio oral comenzó a las 9:00 a.m. y fue su abogado, Erwin Siccha, quien solicitó a la jueza Fernanda Ayasta un breve receso para permitir que Vizcarra se uniera a la sesión. Aunque inicialmente se denegó la solicitud, finalmente se concedió un receso de cinco minutos.

Vizcarra apareció en pantalla, pero no intervino para acreditarse ante el colegiado. En una sesión anterior, había pedido disculpas por no haberse presentado a la audiencia anterior debido a su traslado a Barbadillo. "Solamente han sido factores externos, que espero que pronto puedan revertirse, los que han generado esta inasistencia en la anterior", había declarado.

El abogado de Vizcarra, Alejandro Salas, también se pronunció sobre la situación del exmandatario. Aseguró que Vizcarra mantiene un ánimo elevado y transmite fortaleza a su familia. Salas cuestionó la interpretación del juez Jorge Chávez Tamariz sobre el arraigo familiar, argumentando que la familia de Vizcarra reside en San Isidro y que su residencia en Moquegua es por motivos de identificación regional.

Salas defendió la validez de los vínculos laborales familiares, destacando que el 85% de la economía peruana es informal. Además, calificó de "aberración política" la interpretación que impide a Vizcarra participar en actividades partidarias, argumentando que la restricción se limita al ejercicio de cargos públicos.

El abogado concluyó que existe una persecución política contra Vizcarra, advirtiendo que si no logran silenciarlo, podrían intentar aniquilarlo.