Los niños y adolescentes migrantes que hace meses que esperan en los desbordados centros de Canarias un destino en la Península se han convertido en un arma política en la lucha sin descanso entre el Gobierno del PSOE y Sumar y los ejecutivos autonómicos del PP, la inmensa mayoría.

Los criterios de reparto, por los que comunidades como Madrid o Andalucía, que han creado menos plazas que las que les correspondería según su población y nivel de renta, deberían recibir un número superior de menores que los que irían a Catalunya o el País Vasco, donde ya se han alcanzado los objetivos fijados, han puesto en pie de guerra a los barones populares, a los que el Ejecutivo central recuerda que las leyes están para cumplirlas y que, de lo contrario, habrá consecuencias.

Baleares pide equipararse a

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