Lo que debía ser una velada tranquila en Ibiza se convirtió en una experiencia amarga para dos mujeres que, al revisar la cuenta de un restaurante, descubrieron un cargo de 26,20 euros por “servicio” que nunca solicitaron. El recargo, oculto entre otros conceptos, desató su indignación y ha reavivado el debate sobre prácticas comerciales abusivas en destinos turísticos.

La legislación española es clara: los establecimientos no pueden aplicar cargos por servicio básico, salvo que se trate de un extra claramente especificado y aceptado por el cliente. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reiterado que cualquier importe adicional debe estar debidamente informado en el menú y reflejar un servicio concreto.

Además del polémico recargo, las clientas detectaron otros cobros des

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