El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, emitió la Directiva 012 del 25 de agosto de 2025 con la que fijó lineamientos de obligatorio cumplimiento para el Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de mitigar los obstáculos y asegurar la toma de declaración a las personas que se consideren víctimas del conflicto armado.

La directiva surge como respuesta a la Ley 2343 de 2023, que ordenó a la Procuraduría, en coordinación con la Unidad para las Víctimas y con la participación de la Mesa Nacional de Víctimas, elaborar un plan de acción para superar las dificultades que enfrentan los afectados al momento de declarar. En mesas de trabajo se identificaron barreras como «falencias en conocimientos de los funcionarios, falta de espacios adecuados,

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