La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha expresado su firme rechazo a un fallo de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, presuntamente grabados en la Casa de Gobierno. En un comunicado emitido este martes, ADEPA calificó esta medida como un "nuevo ejemplo de órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa".

El fallo, dictado por el juez Alejandro Maraniello, se produce en medio de una investigación sobre posibles hechos de corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno. La entidad subrayó que "las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional" y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse sobre hechos de relevancia pública.

La decisión judicial se conoció tras una solicitud del Gobierno, que denunció una supuesta "operación de inteligencia ilegal" destinada a desestabilizar al país en un momento crítico, justo antes de las elecciones. Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que "la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional".

ADEPA también recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que limite la circulación de información, salvo en casos que involucren a menores, es un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión. La entidad aclaró que, aunque el Estado tiene derecho a investigar irregularidades en la obtención de información, esto no justifica la censura previa.

En respuesta a la controversia, Javier Milei, presidente y hermano de Karina Milei, criticó a los medios de comunicación, acusándolos de ser parte de una "red de espionaje ilegal". A través de su cuenta en la red social X, Milei afirmó que "estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real". Además, se hizo eco de las declaraciones de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien sugirió que el audio podría haber sido grabado ilegalmente.

La situación ha generado un amplio debate en el ámbito político y jurídico, con juristas y especialistas condenando la medida judicial. ADEPA ha reiterado su oposición a cualquier decisión que limite la difusión de información de interés público, especialmente en casos que involucran a funcionarios del Gobierno.