La ley que elabora el Gobierno socialcomunista para asegurar la transparencia y el « buen gobierno » del Estado excluye a los familiares de los altos cargos de rendir cuentas en caso de conflicto de intereses en la administración pública. O sea, que el Ejecutivo se ha pasado por arco del triunfo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa que afeó la conducta del Ejecutivo por no llevar a cabo «avances significativos» respecto a la transparencia y publicación de los datos económicos, «información financiera», de los «cónyuges y familiares» de los altos cargos. Es más, el Grupo de Estados contra la Corrupción reprochó al Gobierno que no hubiera «prestado suficiente atención » a este asunto.

Pues bien, al Ejecutivo de Pedro Sánchez esta severa admonición le entró por un oído y le salió por el otro, porque la nueva ley incluirá una adaptación del «régimen de conflictos de interés » en la que no se menciona a familiares o cónyuges de representantes políticos o miembros de la administración.

Eso sí, el Gobierno dice que la norma responde a las demandas de la sociedad, aunque en su redacción parece obvio que el objetivo es blindar tanto a la mujer del presidente, Begoña Gómez, como a su hermano David. La consigna es clara: a la familia de Pedro Sánchez no se la toca.

El Gobierno de Sánchez alude al Plan Estatal de lucha contra la Corrupción que busca prevenirla y combatirla «fortaleciendo los controles, aumentando la transparencia y mejorando la eficiencia en la gestión pública », pero se queda ahí. Mucha retórica hueca y pocas nueces. A la hora de la verdad, lo que ha vuelto a primar es el interés personal de Pedro Sánchez y su familia. La ley se queda en nada, porque por encima de todo para este Gobierno que presume de transparencia está blindar al entorno más cercano del jefe del Ejecutivo