Edificios y departamentos entregados por exfuncionarios panistas de la alcaldía Benito Juárez presuntamente ligados a la corrupción inmobiliaria, a la Fiscalía capitalina para que fueran destinados a vivienda para damnificados del terremoto del 2017, así como a centros de atención a víctimas, fungen como tiendas de celulares y zonas en abandono.

Las dependencias gubernamentales que se comprometieron a entregar departamentos a población vulnerable desconocen el destino de esos inmuebles, del mismo modo que su uso, ocupación y estudios de seguridad estructural que avalen que son habitables. Aunque se prometió que esos espacios que resultaron de la asociación delictuosa blanquiazul serían transformados en derechos para el pueblo, como Centros de Ayuda a Víctimas, ninguna de esas promesas se

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