Feijóo y otros dirigentes del PP plantan en bloque al rey en el inicio del curso judicial, mientras las asociaciones y vocales conservadores del Poder Judicial piden excluir de la cita al fiscal general y al ministro Bolaños

Cargos institucionales del PP secundan a Feijóo y plantan en bloque al rey en la apertura del año judicial

El enfrentamiento de parte de los jueces con el Gobierno adquiere una nueva dimensión y alcanza a la Corona. La derecha política y judicial ha aprovechado el acto oficial de inicio de curso de los tribunales que se celebra este viernes para promover una nueva ofensiva contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Los principales representantes del PP invitados, con Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, han declinado asistir a un evento presidido por el rey Felipe VI, mientras algunas asociaciones y vocales conservadores del Poder Judicial han reclamado excluir no solo al fiscal general, que está a punto de sentarse en el banquillo para ser juzgado por revelación de secretos, también a los propios miembros del Ejecutivo.

Sánchez reiteró el pasado lunes en una entrevista en TVE una idea que ya había expresado previamente: que una minoría de jueces utilizan los tribunales para “hacer política”. Repitió la declaración al día siguiente, esta vez en el diario británico ‘The Guardian’. La reacción de las asociaciones judiciales, excepto la progresista, fue acusar al presidente del Gobierno de faltar el respeto a los jueces por atribuirles motivaciones políticas. Feijóo también elevó el tono y dijo que Sánchez es “un peligro para España” por “declarar la guerra” a los jueces.

El PP anunció el miércoles por la tarde la decisión de Feijóo de plantar al jefe del Estado en ese acto. En un principio, el partido alegó problemas de agenda. En concreto, “un compromiso previamente adquirido” que coincide en fecha con el acto institucional que se celebra en la sede del Tribunal Supremo. Ese “compromiso” previo no es otro que un mitin organizado por Ayuso en Arganda del Rey, un municipio del sureste de Madrid.

La causa que tiene al fiscal general al borde del banquillo parte de la supuesta filtración de información confidencial precisamente de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, quien afronta peticiones de hasta cuatro años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad documental. Ayer mismo, poco antes del anuncio del plante de Feijóo, la pareja de Ayuso presentó el último recurso que le separa del juicio.

Este jueves Feijóo modificó la cronología y aseguró en declaraciones a la prensa que la invitación del Supremo les llegó “en julio”, casi a la vez que el propio tribunal confirmó “la decisión de procesar al fiscal general”. “El 30 o 31 de julio comunicamos [al Supremo] que entendíamos que no procedía nuestra presencia”, añadió. Y concluyó: “Adicionalmente, propusimos la fecha de inicio del curso en Madrid para ese día”. Es decir, que el acto oficial estaba convocado con anterioridad al del PP de Madrid. Feijóo justificó su ausencia, además, porque entiende que “dentro de las funciones constitucionales del jefe de la oposición no está asistir” a este evento. “No es un mandato”, añadió.

Más allá de que la Constitución no menciona siquiera la figura de “jefe de la oposición”, Feijóo no es el único dirigente del PP que se ausentará este viernes. Los populares han declinado que los máximos representantes de las instituciones donde gobiernan tampoco acudan. No asistirá la propia Ayuso, que ha enviado en su lugar a su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García y al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio.

Al acto tampoco irá el presidente del Senado y cuarta autoridad del Estado, Pedro Rollán, quien ha alegado “un tema familiar”, pese a que también informó al Supremo de su ausencia ya en julio. Cierra la nómina de ausentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien no avisó hasta el mismo miércoles.

Todos ellos han reiterado en las últimas horas las habituales declaraciones contra el Gobierno. “No puedo validar los ataques y difamaciones del presidente a determinados jueces”, aseguró este jueves Feijóo. “La presencia del fiscal general es una provocación” añadió. “No están a la altura, no merecen estar en los cargos”, sostuvo Almeida. También tuvieron palabras contra Bolaños, al que acusaron de no defender a los jueces. La presencia de los tres se convirtió este jueves en el motivo de la ausencia del PP.

La reacción del Poder Judicial

Al plantón de Feijóo y otros dirigentes del partido siguió la reacción casi acompasada de las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales y de los vocales del Poder Judicial elegidos a iniciativa del PP. El propio jefe de la derecha española lo verbalizó en su comparecencia ante los medios en una escuela infantil de Guadalajara.

A primera hora del jueves, las principales asociaciones de la derecha judicial afirmaron en un comunicado que la asistencia de García Ortiz al acto del Supremo “constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado” y le pidieron que no acudiera “por respeto” al rey y a quienes integran las carreras judicial y fiscal.

Horas después trascendió la ofensiva de los vocales del CGPJ elegidos a iniciativa del PP, que reclamaron por carta a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que pidiera al fiscal general que se ausentara del acto, además de solicitar que apartara al ministro Bolaños de los estrados del Supremo en los que se sitúan el rey Felipe VI y el resto de altas autoridades.

Tras días de conversaciones en los que se llegó a barajar la idea de no asistir, el grupo conservador optó por la “única vía posible” para evidenciar su malestar sin incomodar al jefe del Estado, afirma una fuente de la derecha judicial. Y eso a pesar de que su misiva involucraba directamente al rey al reclamar de forma expresa a la presidenta que le informara de la “situación a efectos de la adecuada coordinación institucional”.

El propio monarca recibió el miércoles en el Palacio de la Zarzuela al fiscal general, que le entregó la memoria en un acto institucional que se celebra cada septiembre antes de la apertura de los tribunales. En su carta, los vocales pedían el veto de García Ortiz dadas las “actuales circunstancias”, en referencia a su procesamiento. Pero la petición no se quedó ahí. También reclamaron a la presidenta del CGPJ que visibilizara su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en los estrados”. Se referían, en este punto, a las palabras de Sánchez sobre los jueces.

Fuentes judiciales cuestionan el movimiento de estos vocales por la compleja situación institucional en la que deja a la presidenta del CGPJ y del Supremo, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue elegida pero que ha evitado posicionarse con la izquierda en las cuestiones más controvertidas. “Es un papel muy ingrato”, sostiene una fuente del grupo progresista.

Al cierre de esta edición, la carta no había tenido respuesta pública por parte de Perelló. En el grupo conservador asumen que la presidenta desplegará este viernes un discurso netamente institucional, aunque esperan que deslice alguna alusión velada que pueda interpretarse como una crítica a las declaraciones de Sánchez que fueron respaldadas después por Bolaños.

Es habitual que la presidenta haga en sus discursos alusiones genéricas a la importancia de la independencia judicial, aunque sin referirse a cuestiones concretas. El pasado junio, después de que el Gobierno enmarcara la causa del fiscal general en la ofensiva “de algunos jueces” contra el Sánchez, Perelló afirmó que “cuestionar” a “jueces concretos” es “impropio” de una democracia, aunque evitó referirse a esa alusión del Ejecutivo.