El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido su presencia en la apertura del Año Judicial, celebrada este viernes en el Tribunal Supremo. A pesar de estar procesado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, García Ortiz ha afirmado que su asistencia se debe a su creencia en la Justicia y en las instituciones que la sustentan.

"Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", declaró al inicio de su discurso, que fue presidido por el rey Felipe VI.

Este acto ha sido uno de los más tensos en la historia reciente, ya que un sector significativo de jueces y fiscales había expresado su rechazo a la presencia de García Ortiz debido a su situación procesal. A pesar de las críticas, el fiscal general subrayó que su asistencia era obligatoria según el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El evento contó con la asistencia de altos funcionarios del Estado y de la judicatura, aunque el presidente del Senado, Pedro Rollán, no estuvo presente por "motivos personales". También se ausentó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien decidió no asistir por la presencia del fiscal.

Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales habían solicitado que García Ortiz no participara, pero finalmente se descartó cualquier boicot al acto. En su intervención, García Ortiz hizo un llamado al respeto por la función de la Fiscalía, destacando que es una "institución fuerte, sólida y confiable" que garantiza el cumplimiento de la ley.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, también intervino, defendiendo la independencia judicial y afirmando que "no obedecemos órdenes, ni instrucciones de nadie". Este acto marca el inicio de un nuevo curso judicial en un contexto de tensiones y críticas hacia el sistema judicial.