La apertura del Año Judicial ha quedado marcada este viernes por la controvertida presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , quien ha intervenido en el solemne acto celebrado en el Tribunal Supremo pese a estar procesado por un presunto delito de revelación de secretos . Su asistencia ha generado una profunda incomodidad en el ámbito judicial, donde asociaciones de jueces, fiscales y vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían solicitado expresamente que se apartase del evento por «dignidad institucional».

La controversia estalla en pleno acto presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI , con la intervención de García Ortiz en un contexto inédito: nunca antes un fiscal general del Estado había accedido al estrado en calidad de investigado penal. En su alocución, el fiscal evitó cualquier atisbo de autocrítica, limitándose a una defensa genérica del Estado de derecho y a una afirmación que ha levantado ampollas en el entorno judicial:

«Si estoy aquí es porque creo en la Justicia».

Un discurso institucional con aroma a desafío

La intervención de García Ortiz no ha pasado desapercibida. Su defensa de la "independencia del Poder Judicial" y de la "solidez" de la Fiscalía ha sido interpretada por muchos sectores como un intento de parapetarse tras las instituciones para evitar su dimisión, reclamada por gran parte de la Carrera Fiscal desde que fue imputado por filtrar un documento confidencial sobre el abogado de Alberto González Amador , pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso .

Las palabras del fiscal general han sido recibidas con silencio contenido por buena parte de los asistentes, y su mera presencia ha contaminado un acto que tradicionalmente simboliza la cohesión institucional y el respeto entre poderes del Estado.

Malestar judicial y presión sin precedentes

Durante los días previos, asociaciones profesionales como APM, AF y APIF , junto con vocales conservadores del CGPJ, habían exigido que García Ortiz renunciara a participar, considerando su intervención como una grave anomalía democrática . A pesar de ello, el fiscal general ha optado por asistir, en una actitud que muchos califican de aferramiento personal al cargo .

La presidenta del CGPJ , Isabel Perelló , evitó confrontaciones directas en su discurso, pero no dejó de deslizar referencias veladas al momento de tensión que vive la Justicia en España. Perelló reivindicó la necesidad de preservar la imagen de imparcialidad y reclamó un "ejercicio riguroso del principio de ejemplaridad" entre los altos cargos de la estructura judicial.

Una figura institucional erosionada

La situación procesal de García Ortiz ha generado un debate inédito sobre la aplicabilidad de los principios del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal , que obliga a suspender del cargo a cualquier fiscal imputado. Sin embargo, el cargo de fiscal general queda fuera del alcance de esa normativa , una laguna legal que ha sido duramente criticada por expertos y asociaciones.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , mantiene su respaldo explícito al fiscal general, consolidando la percepción de que García Ortiz actúa como pieza clave del engranaje político del Ejecutivo . La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones el uso partidista de la Fiscalía General del Estado , especialmente tras la polémica gestión de los casos que afectan a dirigentes del PSOE o sus aliados parlamentarios.