La investigación sobre la muerte de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, ha dado un giro significativo. La Fiscalía General de la Nación ha ordenado la realización de pruebas de ADN a todos los empleados del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba la menor. Esta medida busca determinar si un tercero estuvo presente en la escena del crimen.

Valeria desapareció el 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, y su cuerpo fue encontrado el 29 de agosto por un campesino en la zona rural, cerca del río Frío. Según el dictamen de Medicina Legal, la causa de su muerte fue “ahogamiento o sumersión en medio líquido”, lo que sugiere que pudo haber aspirado agua y residuos de pantano.

El abogado de la familia, Julián Quintana, ha confirmado que se están tomando muestras biológicas del cuerpo de Valeria. Estas pruebas son cruciales para verificar la posible presencia de ADN de una persona ajena en el lugar donde fue hallada. Quintana también mencionó que se están recopilando pruebas en el colegio, incluyendo un levantamiento detallado del sitio.

La Fiscalía mantiene abierta la hipótesis de la participación de un tercero en el caso. Además, se están investigando las circunstancias que rodearon la desaparición de Valeria, ya que su cuerpo fue encontrado a pocos metros de su colegio, lo que ha generado muchas preguntas sobre la seguridad en la institución.

Quintana ha solicitado a la Fiscalía que se inicie un proceso contra la rectora y otros directivos del colegio por supuestas irregularidades en la búsqueda de la niña. "Hemos pedido que el caso sea tratado como un crimen, a pesar de que no se encontraron señales de violencia física o sexual en el cuerpo de Valeria", afirmó el abogado.

La situación ha mantenido en vilo a la comunidad y al país, que espera respuestas sobre este trágico suceso. Las pruebas de ADN se consideran un paso fundamental para avanzar en la investigación y esclarecer lo ocurrido con Valeria Afanador.