La última memoria de la Fiscalía General del Estado, con datos relativos al pasado año 2024, revela que un total de 5.922 menores de edad extranjeros no acompañados llegaron a España por mar en pateras. Los números del Ministerio Público revelan un aumento considerable con respecto a las cifras de 2022 pero un descenso del ritmo de llegadas en comparación con el año pasado. La institución que dirige Álvaro García Ortiz también alerta de que la llegada de niñas “se ha triplicado” de las 238 detectadas en 2023 hasta las 631 de 2024.

El reparto de los menores extranjeros no acompañados que llegan, sobre todo, a Canarias, se ha convertido en una de las grandes batallas políticas de los últimos meses. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con el Madrid de Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, han recurrido ante varios tribunales los acuerdos para distribuir a estos jóvenes por todo el territorio mientras Canarias mantiene un pleito abierto en el Tribunal Supremo para que el ejecutivo central se haga cargo de las solicitudes de asilo.

El registro de estos menores extranjeros que no vienen acompañados de un adulto refleja que en 2024 había inscritos 16.041 jóvenes, más que los 12.878 inscritos un año antes y los 11.417 de 2022. Marruecos (4.393), Senegal (2.379), Mali (1.794) y Ucrania (1.688) son los territorios de origen con mayor número de menores en las estadísticas.

La Fiscalía destaca que “pese a esas cifras” sólo se han repatriado 8 menores: cuatro de Colombia, tres de Rumanía y uno de Francia. La repatriación es una circunstancia anecdótica en el caso de menores de edad, reclamada por líderes políticos del PP como Ayuso en casos recientes como la violación de una menor en el barrio madrileño de Hortaleza.

Los datos de la Fiscalía revelan que la mayor parte de estos jóvenes eran chicos aunque destacan que las llegadas de mujeres menores se han tripicado de las 238 de 2023 a las 631 de 2024. “El mayor número de menores extranjeros no acompañados se ha detectado en las Islas Canarias”, añade el Ministerio Público. La Fiscalía apunta a una “sobresaturación” del sistema de protección y acogida inmediata en diversos territorios: Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Baleares, Barcelona, Madrid, Granada, Ceuta, Melilla y Murcia.