La entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales en Colombia marca un periodo de incertidumbre para más de 220.000 trabajadores estatales, quienes enfrentan el riesgo de interrupción en la renovación o inicio de sus contratos y ven amenazada su estabilidad laboral en los meses previos a las elecciones de 2026.

Y es que dicha normativa, vigente desde 2005, impone restricciones estrictas a la contratación pública y a la modificación de nóminas en el sector estatal, con el objetivo de asegurar la transparencia y la equidad en los procesos electorales, según reportó la Misión de Observación Electoral (MOE).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook .

Esta se consolidó como el principal instrumento jurídico para evitar el uso indebido de recursos

See Full Page