La semana pasada, una redada masiva en una planta de fabricación de Hyundai en Georgia resultó en la detención de más de 450 inmigrantes. La operación, llevada a cabo por agentes federales, estatales y locales, se realizó bajo una orden judicial que identificaba a cuatro personas específicas. Esta acción se considera la mayor hasta la fecha en la ofensiva inmigratoria de la administración Trump en centros de trabajo estadounidenses.

Las autoridades informaron que la mayoría de los detenidos, más de 300, eran surcoreanos. En respuesta a la situación, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur se ofreció a viajar a Washington para discutir el asunto con funcionarios estadounidenses. Se prevé que los detenidos regresen a Corea del Sur en un vuelo fletado, un acuerdo que ha sido calificado como único por abogados de inmigración.

El gobierno surcoreano ha estado trabajando activamente para asegurar la liberación de los trabajadores, con el apoyo de su embajada en Washington y el consulado en Atlanta. El ministro Cho Hyun viajó a Estados Unidos con el objetivo de facilitar el regreso de los ciudadanos surcoreanos lo más pronto posible, mediante una salida voluntaria.

La planta de Hyundai, que ocupa 1.177 hectáreas, incluye una instalación de fabricación de vehículos eléctricos y una planta de baterías, en colaboración con LG. Se esperaba que la planta generara hasta 8.500 empleos una vez finalizada. Sin embargo, la redada ha interrumpido la construcción de la planta de baterías.

Los abogados de inmigración han señalado que la situación de los detenidos es inusual. Algunos de ellos ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal, mientras que otros se quedaron más tiempo del permitido por sus visas. Otros estaban en el país bajo el Programa de Exención de Visas, que permite estancias temporales, pero no les permite trabajar. En este caso, el gobierno surcoreano está cubriendo los gastos de repatriación, lo que ha sido considerado un esfuerzo significativo para asegurar el regreso rápido de sus ciudadanos.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha solicitado que se tomen todas las medidas necesarias para apoyar a los detenidos. LG Energy Solution, que emplea a algunos de los detenidos, ha expresado su compromiso de cooperar con el proceso de repatriación y ha suspendido la mayoría de sus viajes de negocios a Estados Unidos.

Fuera de la planta, se llevaron a cabo manifestaciones en apoyo a los detenidos, donde se exigía justicia y se recordaba que muchos de ellos tienen familias que no han podido contactar. La redada ha generado un gran impacto tanto a nivel local como internacional, y las autoridades continúan trabajando para resolver la situación.