El Congreso de la República del Perú ha aprobado un seguro médico privado que costará más de 9.5 millones de soles para el periodo 2025-2026. Este beneficio, que se otorgó sin un proceso de licitación, ha generado un intenso debate sobre los privilegios de los parlamentarios en un contexto donde los hospitales públicos enfrentan serias dificultades.

El seguro, adjudicado a la aseguradora Rímac, cubre a los 130 congresistas y a sus familiares directos, incluyendo esposas, hijos y padres. Cada congresista tiene derecho a una prima mensual de más de 2.500 soles, lo que se traduce en un gasto anual superior a los 30.000 soles por persona. Este plan permite a los legisladores acceder a atención médica en clínicas privadas de alto costo, como la Angloamericana y la San Felipe, sin necesidad de copagos.

Mientras tanto, la población peruana enfrenta largas esperas y escasez de insumos en los hospitales públicos. Muchos ciudadanos deben recurrir al Seguro Integral de Salud (SIS), donde conseguir una cita puede tomar meses y los pacientes a menudo deben comprar sus propios medicamentos debido al desabastecimiento.

El informe también destaca que el contrato del seguro se firmó sin un concurso público, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de transparencia en el uso de fondos públicos. Especialistas en derecho y lucha anticorrupción han señalado que este tipo de contrataciones deberían realizarse en un ámbito competitivo y bajo criterios claros de transparencia.

Algunos congresistas, al ser consultados sobre el tema, han minimizado la situación. Guido Bellido afirmó que "los congresistas no vemos ese tema directamente", mientras que Alex Flores indicó que no inscribió a ningún beneficiario en su plan porque "sería abusar del privilegio". Sin embargo, la regla general permite que los legisladores incluyan a dependientes sin costo adicional, lo que ha generado indignación entre la ciudadanía.

Este escándalo pone de manifiesto la disparidad entre los beneficios que reciben los representantes del pueblo y las dificultades que enfrenta la población en el sistema de salud pública.