Vox ha interpuesto una querella en el Tribunal Supremo en la que pide imputar a varios miembros del Gobierno, entre ellos a Pedro Sánchez y varios miembros de su gabinete, por la gestión de los incendios que han asolado parte de España este verano. Una querella en la que el partido de Santiago Abascal también carga judicialmente contra varios gobiernos autonómicos del PP a los que sostiene o incluso de los que ha formado parte: solicita que los presidentes de Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia, además de Asturias, sean investigados por “gravísimas negligencias en labores de prevención”.

El partido de extrema derecha explica en esta querella que los incendios de este verano, que se han llevado por delante miles de hectáreas y cuatro víctimas mortales, se pudieron “evitar o mitigar en gran medida, si los responsables políticos, con competencias en medio ambiente y en prevención de incendios hubieran actuado ejecutando todas las medidas que podían prever y evitar estos fuegos”. Estas muertes y los daños, defiende Vox en su querella, “son sustancialmente debidos a una imprudencia grave de los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil”.

La querella se dirige contra el presidente Pedro Sánchez, las ministras Margarita Robles y Sara Aagesen y el ministro Fernando Grande-Marlaska además de Virginia Barcones, directora general de Protección Civil. Pero también contra Alfonso Fernández Mañueco, María Guardiola , Juan Manuel Moreno Bonilla, Alfonso Rueda y Adrián “Bargón”. Los dos primeros presiden gobiernos autonómicos de los que Vox, salvo en Galicia, ha formado parte hasta el verano de 2024 .

La acción penal de Vox –que en un momento dado alude a “decenas de miles de valencianos” afectados por los incendios, según el documento– explica que todos deben responder penalmente ante el Tribunal Supremo, así como algunos altos cargos autonómicos. Una decena de consejeros y directores generales a los que también pide imputar.

La querella llega poco después de que el mismo Tribunal Supremo haya rechazado otra iniciativa similar de la extrema derecha contra el ejecutivo central, en ese caso por la supuesta responsabilidad penal en la gestión de la dana de Valencia. El auto que rechazó imputar a miembros del Gobierno por el desastre, que además ya investiga un juzgado de la capital valenciana, recordó a Vox que no se podía pedir la imputación de miembros del ejecutivo central por el hecho de ostentar la máxima responsabilidad en un ministerio si no eran capaces de detallar cuál era el posible delito. Un argumento que el Supremo ha repetido en dos decenas de autos inadmitiendo querellas del partido de Santiago Abascal en los últimos años.