La defensa de Begoña Gómez ha recurrido la orden del juez Juan Carlos Peinado de que se incauten siete años de correos electrónicos de la cuenta de la esposa del presidente del Gobierno. En un escrito dirigido a la instancia superior a Peinado, la Audiencia Provincial, el abogado Antonio Camacho asegura que la providencia del juez “carece de motivación” y ha sido redactada sin incluir “ninguna cautela”, pese a la “repercusión mediática indiscutible” de su defendida y a que afecta a sus derechos fundamentales. 

El juez Peinado ordenó varias diligencias en una providencia de cuatro párrafos, incluida la incautación del correo electrónico de Begoña Gómez desde que su esposo se convirtió en presidente del Gobierno y hasta la fecha de su escrito. Para empezar, Camacho advierte que una medida que invade derechos fundamentales debe ser ordenada en un auto, y no como es el caso, en una providencia que constituye una resolución no razonada, simplemente enunciada. 

“El contenido de la providencia que acuerda la práctica de la diligencia carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del juzgado el correo electrónico respectó al cual se adopta la mediad, para inmediatamente acordar su práctica”, recoge el escrito de la defensa de Gómez, al que ha tenido acceso elDiario.es. 

El abogado Camacho advierte de que los correos electrónicos “pueden guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad”. Al tiempo lamenta que, sin indicios racionales que justifiquen tal medida, el juez ni siquiera ha adoptado las debidas “cautelas” para que terminen siendo publicados aspectos íntimos de la investigada. 

La defensa de Gómez ha presentado un segundo escrito en el que recurre igualmente la declaración como investigada de la mujer del presidente en la pieza separada abierta por Peinado y relacionada con un presunto delito de malversación de fondos públicos. Antonio Camacho expone que es consciente de que, por una cuestión de plazos, la declaración no podrá suspenderse, pero considera pertinente exponer por qué no hay un solo indicio de malversación contra su cliente. 

El letrado explica que la imputación por malversación es fundamenta por el juez en el hecho de que la asesora en Moncloa de Begoña Gómez envió tres correos electrónicos que están relacionados con la agenda de la mujer del presidente y, que en consecuencia, implica tareas de seguridad. Donde va Begoña Gómez se debe desplegar el equipo de agentes que la protege y su asesora, Cristina Álvarez, tiene entre sus funciones ejercer de enlace entre su jefa y los policías. 

Uno de esos correos, reconoce Camacho, incluye una postdata en la que Álvarez traslada, de parte de Begoña Gómez su deseo de que el destinatario continúe como patrono de la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense. Cristina Álvarez declaró que en ocasiones le hizo el “favor” a Gómez de enviar algún correo de su parte. “Es difícil sostener que con esa actuación la señora Álvarez o mi defendida pudieron cometer un delito de malversación de caudales públicos”, concluye Camacho. 

El abogado argumenta: “No podemos olvidar que es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos”. Y añade que, solo por el hecho de que esos trabajadores sean trabajadores públicos, no se puede concluir que estén malversando. “Es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad”, añade la defensa de Gómez.

A dos días de la declaración de Gómez en el juzgado por malversación, su abogado cuestiona que se pueda vincular la supuesta malversación con el resto de delitos de los que Peinado le acusa, igualmente sin fundamento. “Después de la instrucción desarrollada en casi dos años de investigación, no hay el más mínimo indicio de la intervención de mi representada en el resto de los citados procesos de contratación pública. A pesar de que son decenas los testigos e investigados que han declarado en la causa y la documentación aportada es ingente existiendo en la actualidad 19 tomos de actuaciones”, concluye.