CHICAGO (AP) — Ahora que el presidente Donald Trump amenaza con ampliar las redadas migratorias y desplegar a la Guardia Nacional, Chicago se ha convertido en el más reciente punto de fricción de una lucha nacional más extensa sobre hasta qué punto el gobierno federal puede presionar a las autoridades locales para que cooperen con su agenda migratoria.

Para el Departamento de Policía de Chicago, el desafío es severo. La fuerza debe preservar la seguridad pública en una ciudad ya bajo presión, y a la vez evitar dar la impresión de que trabaja codo a codo con las autoridades federales de inmigración, una postura que podría erosionar la confianza de la comunidad y provocar nuevas protestas.

Ese mismo acto de equilibrio lo han enfrentado otros departamentos de grandes ciudades en los últimos meses. Las policías locales de Los Ángeles y Washington, D.C. se vieron envueltas en tensos acuerdos con agencias federales que los expertos dicen generaron desconfianza en los residentes y, por momentos, socavaron la confianza pública en su policía.

Ahora, Chicago se encuentra en la misma situación con J.B. Pritzker, el gobernador de Illinois, quien se opone a cualquier despliegue de la Guardia Nacional, y funcionarios municipales que se preparan para cómo esta mayor presencia federal podría transformar la dinámica en el terreno. El resultado, advierten expertos policiales, podría determinar si la policía de Chicago consigue mantener su credibilidad en las comunidades de inmigrantes que probablemente serán blanco de un presidente decidido a usar la fuerza.

“Lo que el gobierno de Trump está haciendo aquí es intervenir en la policía federal de tal manera que realmente resquebraja la unión de las relaciones entre la policía estatal y local y el gobierno federal, entre las comunidades y las fuerzas del orden”, explicó Nayna Gupta, directora de políticas del American Immigration Council (Consejo Estadounidense de Inmigración). “Ese tipo de enfrentamientos y prácticas contenciosas es lo que erosiona la seguridad pública”.

Durante el aumento repentino de la campaña del gobierno de Trump contra la inmigración no autorizada, las autoridades de Chicago reafirmaron repetidamente las llamadas políticas santuario de la ciudad que han estado vigentes durante cuatro décadas. Pero a medida que aumentaba el temor a las inminentes medidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el alcalde de la ciudad ha evitado dar detalles sobre cómo la policía local gestionará las tensiones en las calles.

Las políticas de Chicago prohíben a las fuerzas del orden locales preguntar a alguien sobre su situación migratoria o detenerlo por ella, así como apoyar al ICE —incluidos el aseguramiento de perímetros para redadas, el transporte de detenidos o el compartir información sobre inmigrantes indocumentados.

El alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva la semana pasada que declara que la policía municipal no colaborará con los agentes federales de inmigración. También exige que los policías de Chicago vistan uniforme y no se oculten el rostro a fin de “distinguirlos claramente de los agentes federales”.

“No permitiremos que nuestros agentes de policía —quienes trabajan arduamente a diario para reducir la delincuencia— sean asignados a realizar controles de tráfico y retenes para el presidente”, declaró Johnson antes de firmar la orden.

Craig Futterman, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, explicó que cualquier cooperación entre el ICE y los policías de la ciudad socava la confianza pública y difumina las fronteras entre las agencias.

“Puede volverse un verdadero caos”, agregó Futterman. “Así es como se supone que deben funcionar las ciudades santuario en teoría, frente a lo que ocurre en la práctica”.

Gupta dijo que la policía de Chicago tendrá que coordinarse con las agencias federales hasta cierto punto, incluso para responder a protestas contra las redadas y detenciones por razones migratorias.

Por su parte, las autoridades de la ciudad reportan que siguen una estrategia policial similar a la implementada en torno a la Convención Nacional Demócrata de 2024, que le costó a la ciudad alrededor de 27 millones de dólares en pagos a los policías por trabajar horas extras.

El ICE detuvo al menos a 10 residentes de Chicago en una oficina de inmigración el 4 de junio, lo que atrajo a decenas de manifestantes y funcionarios electos locales al exterior de las instalaciones. La policía no sabía inicialmente que se trataba de una acción migratoria y se marchó al darse cuenta de ello, informaron las autoridades.

Algunos manifestantes y funcionarios electos locales afirmaron haber visto a policías de Chicago despejar el camino de los agentes del ICE y proteger sus vehículos. Miembros del Ayuntamiento de Chicago exigieron una investigación interna sobre el comportamiento de los policías.

Se produjeron tensiones similares en California, donde cientos de manifestantes se enfrentaron con las autoridades federales de inmigración en junio, lo que llevó a Trump a desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, a pesar de las objeciones de las autoridades locales.

La policía de Los Ángeles realizó cientos de arrestos y dispersó protestas, incluso en lugares donde agentes del ICE realizaban redadas.

Las políticas de las ciudades santuario “no significan que un agente de policía local se interponga entre un agente del ICE y una persona que no es ciudadana”, lo cual se considerará una obstrucción a la justicia, afirmó Rose Cuison-Villazor, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers.

Pero también es incierto si los policías municipales intervendrán si no están de acuerdo con la interacción de los agentes federales con los manifestantes.

“¿Tienen la facultad de intervenir?”, preguntó Futterman. “Estas son cuestiones legales realmente difíciles. Es una situación muy delicada”.

Chuck Wexler, director ejecutivo del grupo de expertos Police Executive Research Forum (Foro de Investigación en Políticas Policiales), con sede en Washington D.C., dijo que los altos mandos de la policía municipal están acostumbrados a colaborar con las autoridades federales, incluidos en grupos de trabajo conjuntos contra el terrorismo, el tráfico de drogas o el crimen organizado. Sin embargo, si la Guardia Nacional es desplegada en Chicago, su papel en la vigilancia policial local no se ha definido con claridad.

El jueves, el Distrito de Columbia presentó una demanda para detener el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump durante su intervención policial allí.

“En cuanto a la Guardia Nacional como policía, tradicionalmente ha colaborado en desastres naturales, disturbios a gran escala y para auxiliar a las fuerzas del orden en funciones de apoyo como el control del tráfico y el control de multitudes”, explicó Wexler. “No recuerdo que la Guardia Nacional haya sido desplegada para lidiar directamente con los problemas delictivos cotidianos”.

Larry Snelling, el superintendente de la Policía de Chicago, ha solicitado una mayor comunicación con las autoridades federales “para evitar que la gente corra despavorida y se genere caos en nuestras calles”.

En Filadelfia, Larry Krasner, fiscal de distrito, sostiene que el uso de la Guardia Nacional por parte del gobierno de Trump es una amenaza para el éxito de los procesos penales, ya que pone en riesgo que se desestimen las declaraciones de los testigos y se supriman las pruebas.

“Ninguna de estas personas está capacitada en los procedimientos de recolección de pruebas”, refirió Krasner. “Ninguna está capacitada en dar advertencias (sobre los derechos) Miranda. Ninguna está capacitada en los derechos y procedimientos de la Cuarta Enmienda ni en los registros e incautaciones ilegales”.

Kenneth Corey, exjefe de departamento del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, advirtió que el aumento de recursos como el de la Guardia Nacional conduce a una reducción artificial —y generalmente temporal— de la delincuencia.

“Cada vez que aumentas los recursos de esa manera, vas a observar una reducción inmediata de la delincuencia porque tienen un efecto disuasorio”, dijo Corey, quien ahora trabaja en la Crime Lab’s Policing Leadership Academy (Academia de Liderazgo Policial del Laboratorio de Criminalística) de la Universidad de Chicago.

“Pero el problema es que es efímero. No se puede sostener. Cuando se van, la delincuencia regresa. No has abordado las causas raíz de la delincuencia”, declaró.