Una serie de pruebas obtenidas por la revista Cambio, en una investigación periodística de Daniel Coronell, y conocidas por el Consejo de Estado, muestran contradicciones graves entre la declaración de un asistente legislativo y la documentación oficial de su cargo. Los elementos en poder de la justicia indicarían que el testimonio entregado bajo juramento fue falso.

Esto podría tener consecuencias penales, no solo para el declarante, sino para quien se habría beneficiado de su participación en actividades ajenas a su labor legislativa.

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John Leonardo García, vinculado a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de un representante a la Cámara, fue citado por el magistrado Fredy Hernando Ibarra dentro de un

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