El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión se debe a un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado ha desestimado la solicitud de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para suspender cautelarmente a García Ortiz de sus funciones. Sin embargo, ha remitido su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, que deberá evaluar la situación y tomar las decisiones pertinentes.

Además, el juez ha impuesto a García Ortiz una fianza de 150.000 euros. Esta fianza es para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que puedan surgir del caso. El magistrado ha advertido que, si el fiscal no presenta la fianza en un plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes para garantizar dicha cantidad.

Este desarrollo judicial marca un momento crítico en la carrera de García Ortiz y plantea serias preguntas sobre la integridad de las instituciones fiscales en España. La situación sigue evolucionando y se espera que haya más información en los próximos días.