La Contraloría General de la República prendió las alarmas sobre la Nueva EPS tras detectar una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas: un aumento desmedido de anticipos, facturas sin auditar que se siguen acumulando, más cuentas por pagar, vacíos en la contratación con prestadores y problemas en la constitución de reservas técnicas. Los hallazgos se dieron después de un operativo de policía judicial realizado durante el pasado mes de julio.

El organismo advirtió que el incremento exagerado de anticipos está poniendo en jaque la liquidez de la entidad. En una primera revisión se encontró que, entre 2023 y 2024, los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, un salto del 155 %.

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