El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, continuará en su cargo. Esta decisión fue tomada por los otros seis consejeros, quienes rechazaron el pedido de vacancia en su contra. Este pedido se basaba en una sentencia por violencia familiar en agravio de su esposa. Según el periodista Wilber Huacasi, solo dos consejeros votaron a favor de la destitución: Francisco Távara y Germán Serkovic. En cambio, la mayoría, compuesta por la vicepresidenta María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo, optó por mantenerlo en la JNJ.

La abogada Beatriz Ramírez criticó la decisión, afirmando que "la mayoría de la JNJ muestra sin pudor que son capaces de desconocer sentencias por violencia con calidad de cosa juzgada". Por su parte, la activista feminista Susana Chávez expresó su indignación, señalando que la institución "protege a su presidente con semejante mancha" y calificó la situación como "la justicia más podrida que nunca".

El caso de Ríos Patio se remonta a un reportaje de Cuarto Poder de julio de este año, donde se reveló que el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla determinó que él ejerció maltrato psicológico contra su exesposa durante un proceso de divorcio iniciado en 2004. La sentencia, que no fue apelada, incluyó medidas de protección para la víctima y se sustentó en pruebas como cartas notariales con amenazas y pericias psicológicas que confirmaron el daño emocional.

Este asunto ha generado controversia, ya que la Ley Orgánica de la JNJ prohíbe que personas con sentencias por violencia familiar ocupen cargos en la institución. Sin embargo, durante el proceso de selección de Ríos en 2023, presidido por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, esta sentencia no fue cuestionada, a pesar de que la abogada de la víctima alertó a la comisión. Gutiérrez justificó la omisión argumentando "decoro" para no invadir la privacidad familiar, aunque reconoció que no hubo cuestionamientos éticos.

La revelación del caso provocó críticas de varios congresistas, como Ruth Luque, Héctor Acuña y Flor Pablo, así como de organizaciones feministas, quienes exigieron la vacancia de Ríos por incumplir los requisitos de idoneidad moral. En agosto de 2025, la JNJ, liderada por la vicepresidenta María Teresa Cabrera, inició formalmente el proceso de vacancia, otorgando a Ríos cinco días para presentar sus descargos.

En una audiencia reservada el 4 de septiembre, su defensa argumentó que la sentencia no constituye una condena penal y que los hechos, ocurridos antes de la Ley 30364 (2015), no son equivalentes a violencia contra la mujer. Gino Ríos Patio ha insistido en que no renunciará, argumentando que no tiene antecedentes penales y que la sentencia se dio en un contexto civil. Sin embargo, su caso plantea serias interrogantes sobre la transparencia en la selección de la JNJ y la coherencia ética, especialmente porque Ríos avaló la destitución de otro miembro por antecedentes similares.