El Gobierno la llama “reforma para la equidad”, pero en realidad es una reforma contra los pobres, la clase media y el empleo. Una reforma que encarece la comida, destruye oportunidades y empuja al país hacia la recesión. No hay espacio para equivocarse: subir impuestos en este contexto es como apagar el motor del país cuando apenas tiene gasolina para llegar a la próxima curva. Y todo este sacrificio solo tiene un propósito: contratar activistas políticos para que el gobierno se mantenga en el poder. Esta reforma no debe negociarse, debe hundirse. Lo más grave es el impacto social. El 10% más pobre del país destina 43% de sus ingresos a alimentos, mientras 10% más rico, apenas 11%. Gravar aún más alimentos, como lo propone esta reforma, no es redistribuir: es condenar a millones de fami

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