Primero fue Francisco Igea, después el PSOE y ahora Podemos: PP y Vox vuelven a rechazar el intento de tramitar la Ley de Derechos al final de la vida para Castilla y León, el mismo texto que aprobó en el Consejo de Gobierno en 2020 cuando Fernández Mañueco gobernaba en coalición con Ciudadanos, una norma similar a las que han entrado en vigor en ya diez autonomías. Para el proponente, Pablo Fernández, el texto daba “seguridad jurídica” a los profesionales sanitarios y a las personas en los últimos momentos de sus vida porque merecen “morir como quieran”. Francisco Igea, cuando quedó como el único diputado autonómico de Ciudadanos, recuperó la norma y se inició el trámite parlamentario. Meses después, Igea criticó en redes sociales que el PP había vetado una iniciativa para atajar la obesidad con un mensaje que acompañó de una foto del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que tiene sobrepeso. Entonces el Partido Popular  decidió retirar sus enmiendas a la Proposición de Ley  y se negó a tramitarla. Poco después, el Grupo Socialista reutilizó ese texto, le añadió sus propias enmiendas e intentó debatirlo, algo que rechazó el PP , en cuyo debate reconoció que  la Proposición de Ley que presentó Igea y que ellos vetaron  “pretendía regular todos los derechos en una única normativa”.

“Es literalmente el mismo texto”, ha defendido el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien ha asegurado que esperaba que el PP al menos se abstuviera en la votación para permitir el debate en sede parlamentaria. “Quizá he pecado de ingenuidad, creo que se están despreciando los derechos de las personas que están en sus últimos días y que únicamente piden dignidad y que no quieren morir con sufrimientos y no hacinadas en una habitación. Y que el PP se niegue a todo eso por inquina y odios personales o animadversión a una formación política es miserable. Es la perversión de la política”, ha reprochado Pablo Fernández ante los medios de comunicación minutos después de la votación.

El socialista Jesús Puente ha reclamado el derecho a no morir “entre dolores insoportables” a quienes así lo desean. “Permitan que se debata. Este tipo de leyes no dan grandes titulares, pero tienen una repercusión enorme en el día a día de los ciudadanos. Es importantísimo estar a la altura de las expectativas”, ha reivindicado el procurador socialista, que ha pedido al PP que, si algún punto de la norma no les encajaba, propusieran enmiendas durante la tramitación. “Mejoremos el articulado de esta ley, pero den su voto para poder debatirla y discutirla”, ha insistido. No ha sido posible este debate por el rechazo de PP y Vox. “Esto va de atender con calidad y humanidad a los ciudadanos. O se aprueba un marco regulatorio y garantiza el ejercicio responsable y seguro de los profesionales o todos los documentos que hay se quedan en mera palabrería”, ha afirmado Jesús Puente.

Desde la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos ha considerado que votar en contra de debatir una norma “sería ir en contra de lo que significan unas cortes legislativas, de lo que significa esta sede parlamentaria” y ha aludido también al enfado en las filas del Grupo Popular. “Todo esto ha venido un poco enfangado por un enfado no sé si justificado o no, pero que hizo que el PP no accediera a plantear este debate”, ha protestado.

Para el PP es “una burda manipulación del parlamento”

La procuradora del PP Paloma Vallejo ha acusado a Pablo Fernández de traer “un circo” y “una burda manipulación de este parlamento” con esta iniciativa, “con el beneplácito del resto de los grupos”. También ha insistido en que se ha incrementado la partida económica para los cuidados paliativos y en que ya hay una legislación nacional que regula estos casos. Paloma Vallejo, en su día jefa de gabinete de Javier León de la Riva, ha criticado que hace cuatro años Podemos entregara una enmienda a la totalidad a ese mismo Proyecto de Ley. También ha considerado que la proposición de ley que ahora ha impulsado Podemos pretenda “abrir las puertas a la eutanasia” y que esta tenga “un sesgo de extrema izquierda”, a pesar de que, desde el PSOE se ha reiterado que esta ley “nada tiene que ver” con la eutanasia.

Vox ha insistido en la “obsesión” del resto de grupos políticos por “hiperregular la muerte”. La procuradora de Vox Rebeca Arroyo ha acusado al resto de grupos de querer convertir a los sanitarios en “verdugos”. “El propósito es impulsar a que las personas de última etapa de su vida o proceso irreversible opten por decisiones que supongan poner fin a su vida de manera inmediata. Nadie sabe qué ocurrirá, ni siquiera los profesionales sanitarios. No dejemos la decisión divina o el fin del ciclo natural de la vida a los humanos”, ha asegurado Arroyo, en el momento en el que tanto Igea como Pablo Fernández han abandonado el hemiciclo.

En realidad, la Ley “persigue reconocer, en la Comunidad de Castilla y León, los derechos de las personas que se enfrentan al final de su vida y a su muerte, estableciendo al mismo tiempo un sistema de protección y garantías legales que amparen las decisiones y la voluntad de las personas en el proceso de morir”, según su preámbulo.