El veto se oficializó a través del Decreto 651/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente y su gabinete.

Esta ley, aprobada por el Senado el 22 de agosto con 62 votos a favor, pretendía asegurar una serie de medidas urgentes para el hospital durante un año:

Recomposición salarial para el personal.

Aumento del presupuesto para cubrir las necesidades operativas.

Asignación prioritaria de insumos médicos esenciales.

El Gobierno justifica el veto argumentando que el proyecto carece de un financiamiento claro y genuino. Además, señalan que la redacción es "ambigua", lo que podría llevar a una implementación arbitraria de los recursos.

Esta decisión se produce mientras el gobierno ha implementado otras políticas, como la reducción de retenciones y la rebaja del Impue

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