En un conjunto residencial de Bogotá, dentro de la oficina de administración se repite una escena conocida: cuentas por cobrar, propietarios que “se ponen al día la próxima semana” y un administrador atrapado entre el reglamento, las presiones del consejo y la necesidad de mantener la operación a flote. No es un problema nuevo. Pero sí hay una novedad silenciosa: el recaudo dejó de ser un favor administrativo y es, por mandato legal, una función con dientes propios, incluso para activar cobro judicial sin pedir permiso al consejo.

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“Hay que decirlo sin eufemismos: profesionalizar el recaudo no es optar por la línea dura; es cumplir la ley y blindar a la copropiedad de errores que cuestan dine

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