Moncloa intenta proteger los puentes con Puigdemont para el futuro de la legislatura y la líder de Sumar endurece el tono con los independentistas tras hacer descarrillar su medida estrella

PP, Junts y Vox tumban la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media

Una relación estable a pesar de los desencuentros. Ese fue el plan trazado por el PSOE con Junts al principio de la legislatura y ese es el plan que mantiene dos años después, por mucho que los siete diputados de Carles Puigdemont en el Congreso no se hayan prestado a sostener siquiera unos Presupuestos Generales del Estado. O que incluso, de forma recurrente, decidan infligir severos golpes parlamentarios al Ejecutivo. Tras el de esta semana, que hizo descarrilar a las primeras de cambio la reducción de la jornada laboral, los socialistas se esfuerzan ahora en evitar que la reacción de Yolanda Díaz, que ha visto caer la medida estrella de su departamento, dinamite los puentes con un socio tan imprevisible como necesario para mantener en pie la legislatura, como es objetivo de Pedro Sánchez.

En Moncloa y en Ferraz, de hecho, se han cuidado mucho de no entrar al choque con Junts a pesar de mantener su enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada a 37 horas y media e impedir, por tanto, que pudiera iniciarse la tramitación parlamentaria de la norma. La decisión del grupo parlamentario socialista durante el debate en el Congreso fue mantener un perfil bajo. Y por eso el diputado raso que intervino para defender la postura de su partido, Alberto Mayoral, centró sus ataques en el PP y Vox y ni siquiera hizo referencia alguna al grupo independentista.

Sí fue muy dura Yolanda Díaz, que se ha empleado a fondo durante toda la legislatura en impulsar una medida que beneficiaba a doce millones y medio de trabajadores y trabajadoras y que ha visto caer la bandera de su agenda de reformas en el ministerio de Trabajo. “Ustedes hoy creen que están representando el independentismo catalán. No es verdad. Hoy ustedes representan los intereses de la patronal española en los sectores más reaccionarios”, le dijo a los siete diputados de Junts.

Dirigiéndose específicamente a Míriam Nogueras, que había acusado a Díaz de “engañar a la gente” con su propuesta de reforma, la vicepresidenta le contestó: “Usted y yo aquí en este debate representamos algo que mueve la historia: se llama lucha de clases. Y usted representa el capital y yo y el Gobierno de España representamos a las gentes catalanas y también españolas. Usted se pone del lado de quien hoy en España y en Catalunya se está forrando”.

Tras superar un sinfín de situaciones límite y de amagos de voladura definitiva de los puentes, en el PSOE asistieron con vértigo a ese choque de alto voltaje entre Nogueras y Díaz. Durante las horas previas a la votación llegaron al Gobierno mensajes explícitos del entorno de Carles Puigdemont sobre la necesidad de no exacerbar las reacciones a un desencuentro que se considera puntual, principalmente por el fondo de la medida, que rechazan de plano en línea con la patronal catalana. Y esas señales llegadas desde Bruselas hacen que el PSOE quiera pasar página cuanto antes de lo ocurrido esta semana y volver a mirar adelante.

Porque los siete de votos de Junts siguen siendo decisivos en la aritmética parlamentaria de Pedro Sánchez y en la sostenibilidad de un plan que pasa por mantener en pie el mandato hasta 2027. Incluso aunque se confirme que no se sacarán adelante los Presupuestos, un escenario que resulta el más plausible para todas las partes implicadas, al menos de momento.

“Con Pedro Sánchez, de presupuestos, no hemos hablado. Ellos ya lo saben, no los hemos engañado, se lo hemos dicho muchas veces, hace casi dos años de los Acuerdos de Bruselas. Para negociar presupuestos deben acreditar el cumplimiento de los actuales, no nos sentaremos a negociar sobre la base de una estafa”, dijo el secretario general de Junts, Jordi Turull, este jueves en la Cadena SER.

Los independentistas catalanes sí coinciden en desligar, en cualquier caso, su negativa a la reforma laboral de cualquier negociación posterior. “La carpeta de los Presupuestos es completamente diferente a la de la jornada laboral”, aclaró Nogueras durante su comparecencia esta semana en el Congreso en la que explicó la postura de su grupo.

El intento del PSOE de encapsular el traspié de esta semana y evitar cualquier reproche a Junts sí ha provocado recelos en sus socios de coalición, que afean que los socialistas no se hayan implicado “en absoluto” durante ningún momento de la negociación y que tampoco hayan hecho de la reducción de la jornada laboral una causa principal de la labor del Gobierno, como sí lo ha afrontado Yolanda Díaz.

No se entendió bien en las filas de Sumar ni en otros aliados del Ejecutivo, por ejemplo, la imagen que distribuyó Moncloa la misma noche del miércoles: Pedro Sánchez en el cine para ver la última película de Amenábar justo a la misma hora en que se debatía y votaba en el Congreso de los Diputados la reducción de la jornada laboral a doce millones y medio de trabajadores. El presidente acudió acompañado de su pareja, Begoña Gómez, que por la mañana había declarado como imputada ante el juez Peinado.

En la parte socialista del Ejecutivo, mientras, recuerdan que se han limitado a “respetar” el espacio competencial de Yolanda Díaz y, por tanto, que sea ella quien haya llevado a cabo con su equipo unas negociaciones que recuerdan que ya advirtieron que serían complicadas. También rememoran en Moncloa que fue Díaz quien emprendió “el choque” con Economía para sacar adelante una reforma sobre la que Carlos Cuerpo puso reparos en su día.

En Sumar, por su parte, aseguran no tener “ningún interés” en volar ningún puente de colaboración con Junts, un socio al que vuelven a tender la mano para negociar, por ejemplo, el endurecimiento del registro horario de las jornadas de trabajo que el Gobierno ahora impulsará vía decreto en las próximas semanas. Pero sí advierten que en el choque por reducir esa jornada a las 37 horas y media están siempre “frente a los que defienden a los ricos y del lado de los trabajadores y los sindicatos”. UGT y CCOO han anunciado movilizaciones permanentes hasta conseguir que el Gobierno recupere y el Congreso convalide la reforma de una norma que se mantiene intacta desde hace 42 años.