En un contexto económico que, aunque el gobierno de Javier Milei asegure está estabilizado, el poder adquisitivo sigue empeorando, un grupo de beneficiarios de la ley 26.913 denuncia una situación crítica: desde enero sus pensiones graciables están congeladas.

Esta normativa, sancionada en 2013, establece un beneficio para quienes fueron privados de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983, durante la última dictadura cívico-militar. También alcanza a cónyuges, convivientes e hijos menores o con discapacidad de los beneficiarios fallecidos.

Sin embargo, el destrato de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) y la falta de respuestas del gobierno libertario, generaron un creciente malestar entre los aproxim

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