Colombia se enfrenta a una decisión crucial que podría afectar su relación con Estados Unidos, su principal aliado en temas comerciales y de seguridad. El próximo lunes 15 de septiembre, el gobierno de Donald Trump anunciará si certifica o no a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Esta decisión, que se toma anualmente, tiene implicaciones significativas que van desde la financiación militar hasta sanciones económicas y el futuro de las relaciones diplomáticas.

La Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham) ha señalado varios escenarios posibles: desde una descertificación dura hasta una certificación por exención por interés nacional. La mayoría de los expertos consideran poco probable una certificación total, pero también descartan una descertificación severa. En caso de descertificación, Colombia podría perder hasta 453 millones de dólares en ayudas económicas y militares, lo que afectaría gravemente su capacidad institucional y operativa en la lucha contra el narcotráfico.

El exembajador Kevin Whitaker ha destacado que la descertificación podría llevar a un recorte significativo de la cooperación estadounidense, lo que impactaría directamente en las Fuerzas Armadas colombianas. "Un recorte casi total de la ayuda afectaría tanto a Colombia como a Estados Unidos, ya que dependemos de la colaboración de nuestros socios colombianos en la lucha contra el narcotráfico", afirmó Whitaker.

El presidente Gustavo Petro y su gobierno están en una encrucijada. Si deciden ajustar su estrategia de seguridad para alinearse con las expectativas de Trump, podrían optar por medidas más drásticas, como la erradicación masiva de cultivos de coca. Sin embargo, esto podría llevar a un deterioro de la relación con Washington si no se cumplen las expectativas. La canciller Rosa Villavicencio ha reconocido que la decisión de Trump es política y que, a pesar de los esfuerzos de Colombia, no hay garantías sobre el resultado.

En un intento por evitar la descertificación, el gobierno colombiano ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, destacando cifras de incautaciones de cocaína. Sin embargo, Petro ha abierto la puerta a la reanudación del uso de glifosato para la erradicación de cultivos, una medida que había criticado anteriormente. Esto ha generado tensiones dentro del gobierno y con la Corte Constitucional, que ha prohibido su uso por sus efectos negativos.

Además, una delegación oficial de Colombia se ha desplazado a Estados Unidos para fortalecer la cooperación militar y de seguridad. Sin embargo, la situación se complica con la intervención de alcaldes de varias ciudades que han viajado a Washington para discutir temas de seguridad, lo que ha generado un conflicto político con el presidente Petro.

La incertidumbre sobre la certificación de Colombia por parte de Estados Unidos plantea un dilema significativo para el gobierno de Petro y los candidatos en campaña. La decisión que se tome el 15 de septiembre no solo afectará la cooperación en seguridad, sino que también podría redefinir las relaciones diplomáticas entre ambos países.