El Congreso de Perú archivó una denuncia constitucional -presentada el año pasado por la Fiscalía- contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas sociales entre finales de 2022 y los primeros meses de 2023.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano con inmunidad , entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la Cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso judicial.

La decisión fue tomada por la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó con 12 votos a favor y 10 en contra un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso archivar la petición p

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