La Corte Suprema de Brasil ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su intento de revertir las elecciones de 2022. Este fallo histórico marca la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por conspirar para llevar a cabo un golpe de Estado. La decisión fue tomada por cuatro de los cinco jueces de la Primera Sala del tribunal, quienes concluyeron que Bolsonaro orquestó un plan para mantenerse en el poder tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva. Este plan culminó en el violento asalto a los edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023.

El tribunal determinó que la conspiración comenzó en 2021, utilizando instituciones estatales para socavar la confianza en el sistema electoral. Las pruebas incluyeron borradores de decretos que proponían un "estado de excepción", testimonios de colaboradores y rastros digitales de discusiones sobre violencia. Seis de los ocho coacusados eran altos mandos militares, lo que resalta la gravedad de la situación y la cercanía de Brasil a una ruptura institucional.

Bolsonaro, de 70 años, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario. Un juez disintió, argumentando que las pruebas no demostraban un intento concreto de instaurar una dictadura, pero la mayoría se impuso. La condena ha generado un intenso debate sobre la capacidad de Brasil para responsabilizar a sus líderes sin fracturar su tejido político.

La sentencia se produce en un contexto de tensiones políticas. En Estados Unidos, la administración Trump ha impuesto aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas y sancionado al juez que supervisó el caso, lo que ha generado reacciones encontradas en Brasil. Mientras la izquierda celebra la decisión, los seguidores de Bolsonaro han organizado protestas dispersas, reflejando un cansancio generalizado por la confrontación.

Además de la condena por intento de golpe, Bolsonaro enfrenta múltiples investigaciones que podrían complicar aún más su futuro político. Está inhabilitado para postularse a un cargo durante ocho años y enfrenta acusaciones de obstrucción a la justicia y mal manejo de bienes públicos.

En medio de esta crisis, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ha comenzado a presionar por una amnistía para Bolsonaro, sugiriendo que podría indultarlo si llega a ser presidente. Este movimiento ha generado especulaciones sobre su posible candidatura en 2026, mientras que otros miembros de la familia Bolsonaro también han mostrado interés en mantener el liderazgo dentro del movimiento.

La condena a Bolsonaro ha reavivado la polarización política en Brasil. En un bar de Brasilia, simpatizantes de la izquierda celebraron la decisión, mientras que los seguidores de Bolsonaro expresaron su desánimo. La reacción en redes sociales ha sido intensa, con la derecha denunciando lo que consideran una "persecución política" y la izquierda celebrando un triunfo de la democracia.

La situación actual plantea importantes preguntas sobre el futuro de la derecha brasileña. ¿Se aferrarán a su líder caído o buscarán reinventarse? La respuesta a esta pregunta podría definir el rumbo político de Brasil en los próximos años.