Los abogados de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), han renunciado a su defensa en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos. Este hecho se produjo el viernes, cuando Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze notificaron su apartamiento a través de un escrito presentado ante la Justicia. En el documento, expresaron: "Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido".

La causa, que ha generado gran atención mediática, investiga delitos como defraudación por administración fraudulenta, estafa y cohecho. Hasta el momento, ni Spagnuolo ni otros implicados, como Daniel Garbellini, han recibido imputaciones formales. Sin embargo, se ha planteado la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque su entorno asegura que no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

El caso ha estado marcado por la controversia en torno a la validez de las pruebas, especialmente los audios que se han presentado como evidencia. Se ha denunciado un inicio del proceso caracterizado por "oscurantismo" y una supuesta vulneración del derecho a la intimidad, lo que ha llevado a la defensa de la familia Kovalivker, también investigada, a solicitar la nulidad de la causa.

Recientemente, el consultor en comunicación Fernando Cerimedo declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi. Cerimedo afirmó que Spagnuolo le relató un esquema de sobornos en las compras de medicamentos, que culminaba en la Secretaría General de la Presidencia. Aseguró que las conversaciones con Spagnuolo fueron reiteradas a lo largo de 2024 y que el exfuncionario era consciente de la gravedad de sus afirmaciones.

La investigación se inició tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien presentó una grabación que fue difundida en un canal de televisión. En paralelo, la defensa de la droguería Suizo Argentina ha argumentado que las grabaciones fueron adulteradas y obtenidas de manera ilegal, lo que podría invalidar la causa.

La situación se complica aún más con la reciente denuncia del Gobierno sobre una presunta operación ilegal de inteligencia relacionada con la filtración de grabaciones vinculadas a Karina Milei. Este nuevo expediente está bajo la supervisión del fiscal Carlos Stornelli y ha involucrado a periodistas que difundieron los audios originales.

La investigación sigue en curso, con la Justicia esperando la opinión de la fiscalía y la ONG Poder Ciudadano sobre el planteo de nulidad. La decisión que se tome podrá ser apelada, lo que añade más incertidumbre a un caso que continúa desarrollándose.