El abogado Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, ha solicitado al Ministerio Público que aclare el destino de los cheques emitidos por el Fisco en relación a la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia. En diciembre del año pasado, se emitieron cinco cheques para realizar la compra. Los cuatro primeros estaban destinados a los propietarios, entre ellos la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende. Sin embargo, se decidió finalmente emitir un único cheque a nombre del abogado de la familia, Felipe Vio.

El escándalo estalló en enero, cuando se revelaron las inhabilidades legales que afectaban a Fernández e Isabel Allende para celebrar contratos con el Estado. A pesar de esto, el quinto cheque permaneció en la Quincuagésima Notaría de Santiago hasta que se firmó la resciliación del acuerdo en julio. Palamara ha expresado su preocupación, indicando que en la carpeta investigativa no hay antecedentes sobre la anulación de este cheque. "No hay nada anexo, ni tampoco en los mismos cheques, que indique que se hayan dejado sin efecto", afirmó.

Además, Palamara ha solicitado que se investigue un cheque cuya numeración es inmediatamente posterior a los cuatro primeros y anterior al quinto. Este cheque, que no sigue la numeración correlativa, podría ser clave para entender el destino de los recursos públicos. "Requerimos que Presidencia aclare a favor de quién se giró el cheque faltante", subrayó Palamara, enfatizando la necesidad de ser minuciosos en la investigación.

Por otro lado, el abogado también ha pedido diligencias en relación a la contratación de Jonatan Valenzuela por parte de Presidencia, quien defiende al presidente Gabriel Boric en este caso. Existe una audiencia de sobreseimiento programada para el 14 de noviembre, solicitada por la fiscalía. Palamara ha manifestado su oposición al cierre del proceso y ha solicitado al Ministerio Público que requiera un informe a Contraloría. Este informe debería pronunciarse sobre si la celebración de contratos entre el Presidente de la República y una ministra de Estado es legítima y si el decreto para la contratación de Valenzuela sigue vigente.