La acción judicial por “daños y perjuicios” contra la Municipalidad de Chivilcoy fue iniciada el 2 de septiembre por Ariel Delasavia y Mariana Rojas, padres del joven. Según el abogado, la presentación “pone en debate la delgada línea entre el accionar de los agentes públicos y la responsabilidad del Estado”, y responsabiliza a los inspectores municipales cuya persecución “ilegal e irregular” habría provocado el desenlace fatal.

“Cuando una función pública se ejerce de manera anormal, negligente o excediendo las facultades, el Estado debe responder por los daños”, remarcó Langone. Sostuvo que los agentes persiguieron a Maximiliano “a alta velocidad y en contramano, acción no autorizada por su superior según consta en la causa penal”. Para el letrado, esa maniobra “negligente e imprudente”

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