Una decena de familias de los menores que una enfermera de Osakidetza simuló vacunar en el ambulatorio de Kabiezes, en Santurtzi , ha declarado en la primera sesión del juicio en su contra que se está celebrando sección primera de lo penal la Audiencia de Bizkaia, que la sanitaria vacunaba a sus hijos “muy rápido” y llegaba a “ocultarse” para hacerlo. “Me llamó la atención la rapidez con la que vacunó a mi hija en comparación a cómo vacunaron a mi hijo mayor años antes. Me pareció extraño porque se ponía de espaldas a mí y ocultaba a la niña para que no la viera”, ha testificado una de las madres.

Otra de ellas ha explicado que en la consulta su marido hizo una broma sobre las vacunas y la enfermera se puso “muy nerviosa” y “en alerta”. “Le dijo que parecía que le estaba inyectando agua a la niña porque no tenía ninguna reacción a las vacunas que ella le ponía, pero con vacunas anteriores había tenido fiebre. Se puso muy nerviosa y nos pareció muy raro”, ha explicado. La mayoría de las madres y padres que han testificado, diez en total, han confesado que les sorprendió que las vacunas no hiciesen efecto a sus hijos, en algunos casos bebés pero en otros niños y niñas de hasta seis años, pero todos han asegurado que “confiaban en la profesionalidad” de la sanitaria de Osakidetza.

La sección primera de lo penal de la Audiencia de Bizkaia ha iniciado este lunes el juicio por este caso, presidido por la magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga , en el que la Fiscalía acusa a la encausada de un delito continuado de daños, con la agravante prevalerse del carácter público, y un delito continuado de falsedad documental. Por ello, solicita 7 años y seis meses de prisión y también de inhabilitación, así como una multa de 18.000 euros y una indemnización a Osakidetza por importe de 32.000 euros por los costes de las vacunas y gastos de personal en el nuevo proceso de vacunación que tuvo que acometer.

En esta primera sesión la defensa de la enfermera ha solicitado que la acusada realice su declaración ante el tribunal en último lugar, una petición que se ha aceptado, por lo que declarará tras los cerca de 70 testigos que están llamados, entre los que hay familiares, profesionales de Osakidetza y peritos. Todos ellos testigos de lo ocurrido cuando la acusada prestó servicios de Pedriatría del centro de salud de Kabiezes desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022 y, entre sus funciones, se encontraba administrar a 404 menores en las revisiones pediátricas las vacunas.

La Fiscalía considera que la enfermera “conscientemente no inoculaba las vacunas que correspondían según calendario o las inoculaba de manera distinta a la indicada en la guía de enfermería pediátrica y en el procedimiento de enfermería del Manual de Vacunaciones de Osakidetza y desechaba total o parcialmente las dosis correspondientes”. Según recoge su escrito, la acusada registraba la vacuna en la historia clínica digital del menor en la base de datos de Osakidetza y en la tarjeta de vacunación que entregaba a los progenitores. Este extremo ha sido confirmado por todos los familiares que han testificado en la primera sesión, que han asegurado que todos ellos tenían el registro de la vacuna registrada.

Cuando el caso salió a la luz, en 2023, un grupo de más de 40 padres y madres decidieron interponer una denuncia colectiva contra la sanitaria. Según han explicado, a la mayoría de ellos Osakidetza les informó de que debían volver a llevar a sus hijos a la consulta médica para realizar un estudio. Una vez allí, la doctora Iturralde -médico que ha sido nombrado durante el juicio por la mayoría de padres y madres y que también testificará- se encargaba de decirles lo que había ocurrido con sus hijos y esta enfermera y de practicarles pruebas de serología de anticuerpos con el objetivo de comprobar si los menores habían sido vacunados o no.

Se estima que el valor de las vacunas no suministradas y desechadas que tuvieron que ser administradas nuevamente por Osakidetza asciende a 26.763 euros. Debido a lo sucedido, el servicio vasco de Salud inició un proceso en el que inoculó vacunas no administradas con un coste de 5.382 euros en gastos de personal.

Por su parte, la acusación particular que representa a cerca de medio centenar de familias afectadas añade, en su escrito inicial, la petición de que sea condenada también por un delito de malversación, por lo que su solicitud de penas es superior a la de la Fiscalía. En concreto, contempla entre 12 y 17 años de prisión. “Entendemos que hay unos hechos graves y comprobados. Las familias lo único que quieren es que se castigue a esta persona, que no vuelva a trabajar como enfermera, y que Osakidetza también tenga su responsabilidad. Eso es lo importante”, ha señalado a la salida de la primera sesión del juicio.

El proceso, en el que también están personados como acusaciones Osakidetza y el Colegio de Enfermería, ha comenzado analizando, a puerta cerrada, varias cuestiones previas, entre ellas la solicitud del abogado de las familias para aclarar, en relación con su petición de delito de malversación, si “era competente la Audiencia o el tribunal de jurado”. Según ha explicado Asla, “la Audiencia ha considerado que es competente, que resolverá sobre ello en sentencia”. El juicio continuará este martes con la declaración de 33 testigos, todos ellos familias afectadas y está previsto que se prolongue hasta el viernes, cuando previsiblemente declarará la acusada.