El exmagistrado del Constitucional a propuesta del PP, que en un encuentro con el líder conservador en 2023 deseó que fuera el próximo presidente del Gobierno, toma posesión como nuevo juez de la sala de lo Contencioso del alto tribunal

Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes del Gobierno

El Tribunal Supremo sigue completando decenas de vacantes y este martes toma posesión Antonio Narváez, una de las últimas incorporaciones a la sala de lo Contencioso-Administrativo, que es la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Elegido con el visto bueno de la mayoría del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial, este fiscal se incorpora como juez al Supremo después de ser magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Partido Popular y tras mostrar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo inquilino del Palacio de la Moncloa.

Lo verbalizó él mismo en abril de 2023 en una cena-coloquio organizada por la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) que contó con el líder del PP como invitado de honor. Según desveló El País, Narváez, que en ese momento ocupaba una plaza de fiscal de Sala de lo Contencioso en el alto tribunal, fue uno de los miembros de la cúpula del Ministerio Público que aprovechó ese encuentro para expresar su cercanía ideológica con Feijóo.

También arremetió contra el Gobierno por el problema “de la cohesión territorial” o por sus alianzas “con los filoetarras de Bildu”, si bien apenas un mes después firmó un informe en el que se reconocía a la formación abertzale como “democrática” y concluía que no cabía su ilegalización tras la inclusión de exmiembros de ETA en sus listas.

La reconstrucción de aquella cena también puso al descubierto que Narváez asumía, al menos en ese momento, el discurso ultra sobre la supuesta manipulación de las elecciones por parte de Indra, la empresa que centraliza los datos pero que no cuenta las papeletas. El fiscal puso bajo sospecha los procesos electorales en los que interviene esta compañía y también vaticinó problemas en la aplicación de la ley trans que el Congreso había aprobado apenas dos meses antes.

Ese encuentro soliviantó al Ejecutivo, que calificó de “gravísimo” una cita en el que fiscales como Narváez hicieron comentarios que chocan con el Código Ético de la carrera fiscal, que establece que los miembros del Ministerio Público “deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad”.

Oposición al fiscal general

Narváez ingresó en la Escuela Judicial con el número uno a finales de los setenta. Tras pasar por destinos como Córdoba o Teruel, recaló en el Constitucional, donde ejerció como fiscal durante una década a partir de 1998. En 2007 ascendió a la máxima categoría de la carrera y llegó a ser teniente fiscal del Supremo antes de su elección como magistrado del tribunal de garantías a iniciativa del PP, donde estuvo entre 2014 y 2022.

Su segunda etapa como fiscal del Supremo, a partir de 2023, coincidió con la negociación y la aplicación de la ley de amnistía a los líderes independentistas. El carpetazo definitivo al procés a través de una amnistía provocó reacciones críticas en los sectores más conservadores de la judicatura y la fiscalía. Narváez fue uno de los fiscales que se posicionó en contra de amnistiar todas las conductas vinculadas con el referéndum del 1-O, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident de la Generalitat.

El flamante magistrado del Supremo se situó entonces al lado de los fiscales que ejercieron la fallida acusación por rebelión en el juicio del procés, que defendieron que el desvío de fondos públicos para la realización del referéndum debía quedar fuera del perímetro de la ley. Ese fue el criterio que acabó imponiendo después la Sala de lo Penal del Supremo.

Narváez también formó parte del grupo de fiscales de la máxima categoría que se posicionó a favor de investigar la querella del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que acabó derivando en la apertura de una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Una vez que el Supremo acordó investigar al fiscal general, este reunió a la Junta de Fiscales de Sala, su principal órgano asesor, para explicar su decisión de seguir en el cargo. Aunque no se celebró una votación sobre su continuidad, ocho fiscales pidieron la palabra para defender que lo más apropiado era su renuncia. Uno de ellos era Narváez, que meses después firmó una carta en la que, junto a otros doce fiscales, pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración como imputado en el Supremo.

Ascendido por el PP al Constitucional

Narváez ejerció como fiscal más de tres décadas hasta su llegada al Constitucional de la mano del gobierno del PP de Mariano Rajoy. Como alto cargo de la Fiscalía, cercano a Eduardo Torres-Dulce, impulsó la ilegalización de Sortu y Acción Nacionalista Vasca y ya en 2014 desembarcó en el tribunal de garantías fuera del calendario habitual de renovaciones: para sustituir a Enrique López, hoy exconsejero de Ayuso y entonces recién cazado cuando conducía bebido por Madrid.

Nombrado a propuesta del Gobierno y defendido por la propia Soraya Sáenz de Santamaría, Narváez se integró en un sector conservador que entonces dominaba el Constitucional. Su pasado en la Fiscalía provocó que se apartara de varios asuntos relevantes y sus opiniones sobre el procés también le dejaron fuera de las sentencias que confirmaron las condenas de Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes. Unos años antes, en una conferencia, había asegurado que el desafío independentista encabezado por Carles Puigdemont fue un “golpe de estado encubierto mucho más grave que el que se dio en 1981” y él mismo, tras varias recusaciones, decidió renunciar.

Su firma alineada con esa mayoría está en algunas de las sentencias más relevantes de la última década, entre ellas las que tumbaron los confinamientos y restricciones de la pandemia de coronavirus. Y su nombre, lejos de otros perfiles de magistrados más acostumbrados a los focos, se convirtió en la pieza fundamental del gran conflicto institucional de 2022: cuando el Constitucional prohibió a las Cortes seguir tramitando una reforma para renovar el tribunal.

Narváez y el entonces presidente, Pedro González-Trevijano, eran los dos principales interesados en ese recurso del PP. La renovación parcial del Constitucional llevaba meses bloqueada por los vocales conservadores del Poder Judicial y los de Feijóo recurrieron la reforma legal con la que el Gobierno pretendía sortear la maniobra. Ni Narváez ni González-Trevijano, con el mandato caducado y pendientes de esa renovación, se apartaron de esas deliberaciones a pesar de que su trabajo dependía directamente de ellas y provocaron con sus votos que el tribunal frenase temporalmente la tramitación de la norma en el Parlamento.

Del Constitucional volvió a la Fiscalía del Supremo, época en la que impulsó la condena de Interior por las devoluciones en caliente de menores migrantes a Marruecos. Ahora, con el visto bueno de conservadores y progresistas del Poder Judicial y el solitario voto en contra del vocal Carlos Hugo Preciado, se integrará en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Es la instancia que estudia los recursos más relevantes contra leyes del Gobierno y que, poco a poco, rellena todas sus vacantes tras la falta de nombramientos provocada por el bloqueo conservador. Unos nombramientos que, tras la última renovación del Consejo, siguen favoreciendo mayoritariamente a este sector de la judicatura.